Los datos que el Gobierno oculta: los delitos sexuales cometidos por extranjeros se multiplican por cinco

Hay algo que siempre he dicho: cuando el poder político miente, los datos hablan.
Y hoy les traigo datos oficiales, no opiniones, no interpretaciones: cifras del INE, analizadas por un ingeniero informático, José Manuel Molina, que decidió hacer el trabajo que el Ministerio del Interior no quiere hacer.

Según su informe, la población extranjera representa el 11,7 % de la población total en España, pero comete el 41 % de los delitos sexuales.
Traducido: cinco veces más delitos sexuales por cada 100.000 habitantes que los nacidos en España.

No lo digo yo, lo dice un ciudadano que ha cruzado los datos públicos del Instituto Nacional de Estadística con los informes de Interior.
Y el resultado es demoledor: los delitos sexuales están en máximos históricos desde 2017, y nunca ha habido tantas agresiones con penetración como ahora.

Lo más grave —como explica Molina— es que en el tipo de delito sexual más violento, la agresión con penetración, el porcentaje es todavía más alto: casi el 45 % de los condenados son extranjeros.
Y dentro de ese grupo, las personas procedentes de África son las más sobrerepresentadas.
Estos son datos oficiales, no ideología. Pero los medios públicos callan, los grandes periódicos callan y el Gobierno manipula.

Cataluña encabeza el ranking de comunidades con más delitos sexuales, seguida de Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.
Y, atención, el País Vasco es la región donde más crece la delincuencia en los últimos años.

Mientras tanto, los portavoces de Interior aseguran que “la criminalidad ha bajado” y que “España es más segura que nunca”.
Mienten. Los datos los desmienten uno por uno.

Y lo que más indigna es la censura de la información por miedo al qué dirán.
Nos dicen que no se puede hablar del origen de los delincuentes porque “fomenta el racismo”.
Pero ocultar la verdad no protege a las víctimas, las condena.
Cada estadística silenciada significa una mujer más agredida que pudo haberse evitado.

Este ingeniero no tiene un ministerio, ni asesores, ni sueldo público.
Tiene un ordenador y un sentido cívico, y con eso ha hecho más por la transparencia que toda la maquinaria política junta.
Publicó su informe de forma gratuita, accesible para cualquiera, y ningún medio generalista lo ha llamado.
Ni uno.

Por eso le agradezco públicamente haber hecho lo que debería hacer cualquier servidor público: poner la verdad por delante de la conveniencia política.
Y por eso insisto: la censura institucional es el nuevo delito de Estado.
Mientras los datos se ocultan y las víctimas se multiplican, los mismos que dicen defender a las mujeres callan ante los agresores.