En Angola y República Dominicana no quieren ni oír hablar de INDRA
Hay una pregunta que sobrevuela cada vez que aparece el nombre de INDRA:
¿Por qué tantos países la rechazan para gestionar procesos electorales?
Lo dije ayer en directo: cuando una empresa vinculada al recuento electoral genera desconfianza internacional, España debería tomar nota. Pero aquí no se cuestiona nada. Aquí se protege.
En cambio, fuera de nuestras fronteras, algunos países ya le han cerrado la puerta.
Y lo que contó Guillermo Rocafort, doctor en Economía, es muy claro:
“En Angola y en República Dominicana no quieren ni oír hablar de INDRA.”
No es opinión. Es información de campo.
Y si países extranjeros rechazan una empresa española por motivos de confianza electoral, algo muy serio está pasando.
Durante el programa, Rocafort explicó que:
- En Angola, INDRA ha sido vetada para procesos electorales.
- En República Dominicana, ni siquiera dejan que se pronuncie su nombre en negociaciones.
- La desconfianza proviene de experiencias previas vinculadas a recuentos y sistemas de voto electrónico.
Rocafort lo resumió así durante la tertulia:
“En Angola y en República Dominicana no quieren ni oír hablar de INDRA.”
Añadió que en algunos países africanos la consideran una empresa con mala reputación electoral, asociada a resultados polémicos y sospechas de manipulación.
La clave no es si esas acusaciones son ciertas o no.
La clave es que hay países que no la quieren en sus urnas.
Y mientras en el extranjero la vetan, en España el Gobierno la refuerza:
- Sánchez reformó la estructura de control de la empresa.
- Colocó al Estado como accionista principal.
- INDRA gestiona parte del sistema electoral español.
¿Casualidad?
¿O control?
Lo repito porque es grave y se dijo delante de miles de espectadores:
Una empresa que interviene en elecciones en España está vetada en otros países por falta de confianza.
Y nadie pregunta por qué.
Si los países que han sufrido manipulación política son los que rechazan a INDRA…
¿qué deberíamos hacer nosotros?
Lo lógico sería abrir una auditoría independiente del sistema electoral.
Pero en España, cuestionar eso te convierte en “peligroso”, “radical” o “antidemocrático”.
La transparencia nunca debería dar miedo.
Salvo que haya algo que ocultar.
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