Votos que desaparecen, censos que fallan y un sistema que ya no inspira confianza
Lo que estamos viendo en Extremadura no es una anécdota ni un error administrativo menor. Es un síntoma preocupante de algo más profundo. Y por eso quise sentarme a analizarlo con dos personas que saben de lo que hablan: Gabriel Araújo, perito informático, y Guillermo Rocafort, doctor en Derecho y Economía.
Porque cuando empiezan a acumularse los indicios, cuando se repiten los patrones y cuando los ciudadanos denuncian que no pueden ejercer su derecho al voto, lo mínimo es hacerse preguntas.
Araújo lo explicó con claridad: hay personas a las que les llega propaganda electoral, notificaciones oficiales, todo tipo de comunicaciones… pero que, llegado el momento de votar, ya no figuran en el censo. Casos repetidos, no aislados. Personas que acuden al colegio electoral y descubren que “no existen” para la administración. Y muchas de ellas, casualmente, con un perfil ideológico conservador.
Esto no es una opinión, es un hecho que se está repitiendo. Y cuando se repite, deja de ser un fallo puntual para convertirse en un problema estructural.
A esto se suma otro elemento inquietante: el robo de sacas del voto por correo. Primero se habló de cinco o seis, luego de nueve. Siempre bajo la explicación cómoda de la “delincuencia común”. Pero cuesta creer que en momentos electorales clave, alguien robe precisamente sacas con papeletas sin saber muy bien lo que hace. Araújo lo decía con claridad: cuesta creer que sea casualidad.
Además, recordó algo fundamental: los votos por correo son los primeros que se contabilizan, porque están arriba en las urnas. Eso explica por qué, con apenas un 0,43 % escrutado, ya vimos a televisiones públicas anunciar ganadores. Un relato prematuro que condiciona la percepción social desde el primer minuto.
Guillermo Rocafort añadía otra clave esencial: seguimos atrapados en una lectura política antigua. Derecha contra izquierda. Progresistas contra conservadores. Cuando en realidad —decía— el eje real hoy es otro: globalismo frente a soberanía. Y eso explica por qué tantos antiguos votantes socialistas están cambiando su voto. No por ideología clásica, sino por cansancio, por hartazgo y por sensación de engaño.
Rocafort insistía en que el sistema político español vive anclado en categorías superadas, mientras la ciudadanía ya se mueve en otro plano. Un plano donde importa si el poder responde o no, si rinde cuentas o no, si protege o no al ciudadano. Y cuando no lo hace, el voto se desplaza.
Ambos coincidían en algo especialmente grave: la falta de transparencia en el escrutinio definitivo. A diferencia de otros procesos públicos, aquí no se permite grabar, ni observar con normalidad, ni auditar con claridad. Se pide confianza, pero no se ofrecen garantías. Y eso, en democracia, es un error mayúsculo.
El resultado es una sensación creciente de desafección. De que todo está decidido de antemano. De que votar sirve de poco. Y eso es peligrosísimo, porque erosiona la base misma del sistema.
Extremadura se ha convertido así en un laboratorio político. Un lugar donde confluyen abstención, trasvase de voto, sospechas técnicas y hartazgo social. Un territorio donde ya no funciona el viejo relato y donde cada vez más ciudadanos empiezan a preguntarse qué está pasando realmente.
No se trata de alimentar teorías. Se trata de exigir explicaciones. De pedir transparencia. De permitir auditorías reales. De garantizar que cada voto cuenta y que nadie desaparece del censo por arte de magia.
Porque cuando el ciudadano empieza a dudar del sistema, el problema ya no es electoral. Es democrático.
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