Los 63 vuelos del Falcon que el Gobierno sigue sin explicar

Hay historias que, con el paso del tiempo, dejan de parecer simples incógnitas administrativas para convertirse en verdaderos interrogantes políticos. Una de ellas es la de los vuelos del Falcon y del Airbus del Gobierno español a República Dominicana durante los últimos años.

Según datos conocidos públicamente, se han producido 63 vuelos a ese destino sin una explicación clara por parte del Ejecutivo. Cada vez que periodistas o medios de comunicación han preguntado por estos desplazamientos, la respuesta ha sido siempre la misma: se trata de información reservada por motivos de seguridad. A partir de ahí, silencio.

Sin embargo, el contexto ha cambiado. Hoy conocemos muchos más detalles sobre el entorno político y empresarial que rodeaba al Gobierno durante esos años. Sabemos que personas vinculadas a distintas tramas investigadas por corrupción en España tenían intereses empresariales en República Dominicana, y que algunos de los nombres que aparecen en investigaciones judiciales también han mantenido relaciones con empresas o proyectos en ese país.

Con ese telón de fondo, la pregunta resulta inevitable: ¿qué motivó realmente esos viajes repetidos a República Dominicana?

Hay un elemento adicional que añade aún más interés a la cuestión. Los Falcon utilizados por el Gobierno no son aviones civiles, sino aeronaves militares pertenecientes al Ejército español, lo que implica que tanto los pilotos como la tripulación de cabina son militares. Sus identidades no se hacen públicas por razones de seguridad, lo que hace prácticamente imposible conocer quién participó en cada uno de esos vuelos.

En este programa hemos podido hablar con una persona que mantiene relación directa con miembros de esa tripulación y que asegura haber estado presente en alguno de esos desplazamientos. Según esta fuente, los miembros de la tripulación recibían distintos tipos de gratificaciones por parte del entorno presidencial.

Estas gratificaciones no se limitaban a simples detalles protocolarios. De acuerdo con el testimonio recibido, podían incluir regalos, complementos económicos o incluso vacaciones pagadas para los miembros de la tripulación y sus familias en destinos elegidos por ellos mismos.

La interpretación que hace esta fuente es clara: estos incentivos no responderían a un gesto de cortesía, sino a la voluntad de garantizar la discreción de quienes estaban presentes en esos vuelos.

Naturalmente, el problema no es únicamente la existencia de estos incentivos, sino el origen del dinero utilizado para pagarlos. En el entorno del Gobierno existen partidas presupuestarias destinadas a gastos diversos o discrecionales. En otros ministerios ya se ha demostrado que existen cantidades destinadas a este tipo de conceptos. Por ejemplo, se ha sabido que el ministro Óscar Puente tenía presupuestados 100.000 euros para este tipo de gastos, mientras que el exministro Ábalos llegó a disponer de más de 200.000 euros en partidas similares.

La cuestión que queda abierta es evidente: ¿qué presupuesto maneja la Presidencia del Gobierno para este tipo de gratificaciones?

Más allá de las interpretaciones políticas, lo cierto es que 63 vuelos oficiales sin explicación siguen siendo una incógnita. La tripulación de esos aviones conoce quién viajaba, qué equipaje se transportaba y cuál era el propósito de cada desplazamiento. Sin embargo, hasta ahora nadie ha dado un paso adelante para aportar esa información ante un juez o un fiscal.

Es posible que algún día se conozcan los detalles de esos viajes: quién los autorizó, quién los utilizó y con qué finalidad se realizaron. Cuando eso ocurra, probablemente podremos entender con mayor claridad qué se hacía realmente en esos vuelos del Falcon que pagamos entre todos los contribuyentes.

Mientras tanto, el misterio continúa.

Investigamos.

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