Eutanasia en Cataluña: comités que no ven al paciente y deciden su muerte

Hay algo profundamente inquietante en lo que está ocurriendo en Cataluña. No es una exageración ni una impresión aislada. Es lo que estamos viendo, escuchando y documentando con datos y testimonios concretos.

El caso de Noelia, una joven de 25 años, ha traspasado fronteras hasta el punto de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Y eso ya debería encender todas las alarmas.

¿Por qué una persona que expresó dudas terminó siendo eutanasiada? ¿Por qué pidió más tiempo y se le negó? ¿Por qué no recibió tratamiento previo? Las preguntas se acumulan y, sin embargo, las respuestas siguen siendo insuficientes.

En Cataluña, además, hay un dato que no se puede ignorar: se practican más del doble de eutanasias que en Madrid. No parece casualidad.

Según denuncia Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, el problema está en el propio diseño del sistema. El comité de expertos que debe validar estas decisiones está formado por personas con vínculos directos con asociaciones proeutanasia y con el ámbito de los trasplantes, lo que compromete su supuesta independencia.

Pero hay un elemento aún más grave. Tal como explica Castellanos, “este comité ni siquiera ve a la persona que ha solicitado la eutanasia”, y aun así avala el proceso.

Esto no es un fallo puntual. Es una consecuencia directa de la ley. La normativa establece que los objetores de la eutanasia no pueden formar parte de estos comités, lo que en la práctica significa que solo participan perfiles favorables a su aplicación. La neutralidad desaparece desde el origen.

El resultado es un sistema en el que la decisión se toma sin contraste real, sin diversidad de criterio y, en muchos casos, sin contacto directo con el paciente.

En el caso de Noelia, la única persona que llegó a verla fue una médico intensivista que, además, era coordinadora de trasplantes. Fue ella quien tramitó el proceso y quien dejó constancia de la voluntad de donar órganos. A partir de ahí, otros profesionales validaron la decisión sin haber visto nunca a la paciente.

Esto abre un escenario inquietante. Porque cuando quienes intervienen en el proceso de eutanasia están también vinculados al sistema de trasplantes, el conflicto de intereses deja de ser una sospecha y pasa a ser un riesgo evidente.

A esto se suma el componente económico. Por cada órgano trasplantado, los hospitales reciben cantidades que pueden superar los 2.000 euros por intervención, además de programas que alcanzan cifras muy superiores. Nadie cuestiona la donación altruista, pero sí lo que ocurre en el circuito intermedio cuando hay incentivos económicos implicados.

En este contexto, la intervención judicial resulta mínima. En el caso de Noelia, pese a sus trastornos psicológicos, su historial y su grado de discapacidad, se consideró que podía tomar una decisión irreversible sobre su vida, incluso existiendo documentación donde expresaba dudas.

La familia intentó evitarlo. Pidió tiempo. Pidió tratamiento. Pero el proceso siguió adelante.

Y esa es la cuestión de fondo. No se trata solo de un caso concreto. Se trata de un modelo que permite que decisiones irreversibles se tomen sin garantías suficientes, sin independencia real y con elementos que, como mínimo, exigen una revisión profunda.

Porque cuando un sistema permite decidir sobre la vida de una persona sin verla, sin escucharla directamente y sin un marco verdaderamente neutral, lo que está en juego no es una ley. Es la base misma del Estado de derecho.

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