Tenemos las pruebas de la traición del DAO de la Guardia Civil

Llevamos años denunciando que España está gobernada por una estructura de poder que utiliza todos los resortes del Estado para protegerse. Durante mucho tiempo nos acusaron de exagerar, de alimentar lo que ellos llamaban la máquina del fango. Hoy, las pruebas empiezan a aparecer y son demoledoras.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha sido el principal muro de contención frente a la corrupción que rodea al entorno de Pedro Sánchez. Sus investigaciones no se han detenido ante nadie. Ni ante la esposa del presidente, ni ante su hermano, ni ante algunos de sus colaboradores más estrechos.

Y precisamente por eso, según los testimonios incorporados al procedimiento del caso de David Sánchez Pérez-Castejón, algunos mandos de la Guardia Civil habrían tratado de impedir que determinadas informaciones salieran a la luz.

Hasta ahora hablábamos de sospechas, filtraciones e indicios. Pero los testimonios recogidos en la causa describen reuniones en las que se habría pedido que determinados informes concluyeran que «no había nada» y que, en los asuntos con implicaciones políticas, los investigadores debían «ponerse de perfil».

Entre la documentación que ha trascendido aparecen varios correos intercambiados entre David Sánchez, Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Según lo expuesto en el programa, esos mensajes incluirían información personal y documentación administrativa relacionada con el hermano del presidente.

Lo más grave es que, según varios testimonios, la UCO continuó investigando pese a las dificultades y a pesar de encontrarse con una situación insólita: tener que actuar prácticamente a escondidas de algunos de sus propios superiores.

Estamos hablando de hombres y mujeres que se juegan su prestigio, su carrera profesional y, en muchos casos, su futuro dentro del cuerpo por cumplir con aquello que marca la ley y las órdenes judiciales.

Por eso creo que ya no basta con expresar apoyo o solidaridad. La sociedad española debe exigir que se esclarezcan todas las responsabilidades derivadas de estos hechos y que se investigue hasta el final cualquier interferencia política en el trabajo de la policía judicial.

Porque si algo sostiene un Estado de derecho es la independencia de quienes investigan y la seguridad de que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley.

Y precisamente por eso, las revelaciones conocidas en torno al caso del hermano del presidente trascienden una causa concreta. Lo que está en juego es algo mucho más importante: la confianza de los ciudadanos en las instituciones y la supervivencia misma de nuestro sistema democrático.

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