Eva María Gallego exige explicaciones a la Junta Electoral por el censo de Madarcos: “Estamos alucinados”

Hay noticias que, vistas desde Madrid, pueden parecer una cifra más en una tabla electoral. Pero cuando uno baja al terreno, cuando pone nombre, pueblo y vecinos a esos números, la fotografía cambia por completo. Eso es lo que ha ocurrido con Madarcos, un pequeño municipio de la Comunidad de Madrid donde la alcaldesa, Eva María Gallego, ha descubierto con sorpresa que el censo de votantes del exterior supera al de vecinos residentes.

La frase que resume su reacción no necesita demasiada interpretación: “Pedimos explicaciones a la Junta Electoral, estamos alucinados”. Y no es para menos. Según los datos expuestos en el programa por el perito informático Gabriel Araújo, Madarcos figura entre los municipios en los que el número de electores censados fuera de España supera al de electores residentes. En concreto, se habló de 54 votantes CERA frente a 52 votantes residentes, una proporción que en un pueblo de apenas decenas de vecinos altera por completo la percepción de normalidad democrática.

La alcaldesa se enteró por redes sociales

Lo más llamativo del caso no es solo la cifra, sino la forma en que la alcaldesa asegura haberla conocido. Eva María Gallego explicó que fue un vecino quien le envió por WhatsApp la publicación en redes de Araújo. A partir de ahí, contó, comenzaron a comentar la situación y apareció la preocupación. No se trataba de una comunicación oficial previa, ni de una advertencia administrativa, ni de una explicación institucional dirigida al Ayuntamiento.

La alcaldesa fue clara al describir su desconcierto: nunca les había llegado, por ningún medio ni por ningún organismo, información sobre ese supuesto aumento de población electoral vinculada al exterior. Para un municipio como Madarcos, donde la vida pública se conoce casi nombre por nombre, que aparezca una bolsa de votantes desconocidos resulta especialmente inquietante.

Gallego lo expresó con una frase muy gráfica: en Madarcos están censadas unas 69 personas y, de pronto, se habla de 54 votos CERA. “Es tremendo”, vino a decir. Y lo es porque no hablamos de una gran ciudad donde los movimientos de población pueden diluirse en miles de expedientes. Hablamos de un municipio pequeño, donde una variación así pesa mucho más que en cualquier capital.

La pregunta clave: ¿quién decide asignar esos votantes a Madarcos?

Durante la conversación surgió una cuestión fundamental: si esos votantes no residen en Madarcos, si no son conocidos por el Ayuntamiento y si no consta ese vínculo directo con el municipio, ¿por qué aparecen adscritos allí? Esa es la pregunta política y administrativa que exige respuesta.

Araújo explicó que el problema no afecta igual a todos los procesos electorales. Los votantes CERA no participan en las elecciones municipales, pero sí pueden hacerlo en autonómicas y generales. Por tanto, aunque la alcaldesa pueda estar tranquila respecto al gobierno municipal, la cuestión tiene una enorme relevancia en comicios de ámbito superior, especialmente en provincias o circunscripciones donde unos pocos votos pueden inclinar resultados.

El perito recordó además que la normativa exige que la inscripción electoral se vincule al municipio de última residencia, arraigo o ascendencia. Si eso es así, resulta imprescindible saber quién ha decidido adscribir a esas personas a Madarcos y con qué criterio. Porque si no existe ese arraigo real, lo que se abre es una sospecha de manipulación del censo que no puede despacharse como una simple anomalía burocrática.

“Nos roban la posibilidad de elegir a nuestros representantes”

La alcaldesa fue más allá del asombro inicial y puso el foco en lo que esto significa para los vecinos. A su juicio, una situación así puede terminar robando a los vecinos de Madarcos y de otros muchos pueblos la posibilidad real de elegir a sus representantes. Aunque técnicamente el voto CERA no opere en municipales, el fondo de su denuncia es claro: si se altera artificialmente el peso electoral de un municipio o una circunscripción, se está alterando la confianza en el sistema.

Y esa confianza es la base de cualquier democracia. No basta con decir que el procedimiento es legal. Hay que explicar por qué ocurre, quién lo supervisa, qué controles existen y qué mecanismos tienen los ayuntamientos para detectar irregularidades o crecimientos anómalos del censo exterior.

Por eso Madarcos prepara una carta para solicitar explicaciones a la Junta Electoral. La cuestión ya no es solo local. Si, como señaló Araújo, hay 162 municipios afectados por una situación similar en 23 provincias, estamos ante un asunto que exige una respuesta institucional mucho más amplia.

Un caso pequeño que abre una gran sospecha

El caso de Madarcos demuestra algo importante: a veces las grandes operaciones no se detectan en los grandes números, sino en los lugares donde una cifra anómala resulta imposible de esconder. Un pueblo pequeño puede convertirse en la lupa perfecta para ver lo que en otros sitios pasa desapercibido.

Eva María Gallego no ha hecho una proclama ideológica; ha pedido explicaciones. Y eso, en democracia, debería ser lo mínimo. Si todo está correctamente tramitado, que se explique. Si hay errores, que se corrijan. Y si alguien ha utilizado el censo para alterar el equilibrio electoral, que se investigue hasta el final.

Porque la democracia no se defiende solo el día de las elecciones. Se defiende antes, cuando se limpia el censo, cuando se garantiza que cada voto corresponde a quien debe corresponder y cuando se impide que la ingeniería administrativa sustituya a la voluntad real de los ciudadanos.

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