Rocafort: Estamos muy contentos y ahora hay que condenar a Sofía Puente por prevaricación

“Estamos muy contentos y ahora hay que condenar a Sofía Puente por prevaricación”. Estas palabras de Guillermo Rocafort, una de las voces más incansables de la sociedad civil en esta batalla legal, resuenan con la fuerza de una victoria que parecía imposible. Lo que se ha logrado, y es de una relevancia capital, es un golpe directo al corazón de un presunto fraude electoral orquestado a través de la Ley de Nietos, y pone directamente en el punto de mira a Sofía Puente, ex directora general del Registro y del Notariado y actual fiscala, quien está siendo investigada por prevaricación.

El Tribunal Supremo ha dictado una medida cautelar que suspende los efectos electorales de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de miles de beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática, también conocida como Ley de Nietos. Esto es, ni más ni menos, que la paralización de lo que muchos, incluyéndome, hemos denunciado como una «fábrica de votos» para el Gobierno de Sánchez.

La instrucción ilegal de Sofía Puente: el origen del «despropósito»

La clave de todo este enredo, que ahora comienza a desenredarse gracias a la incansable labor de la sociedad civil, reside en una instrucción emitida por Sofía Puente el 25 de octubre de 2022. Apenas cuatro días después de la publicación de la Ley de Nietos en el Boletín Oficial del Estado, Puente, actuando como directora general del Registro y del Notariado, decidió unilateralmente ampliar los supuestos de aplicación de la ley de una manera flagrantemente ilegal.

La Ley de Memoria Democrática establecía claramente que la nacionalidad española estaba destinada a los descendientes de aquellos españoles que hubieran sufrido el exilio por motivos políticos, ideológicos o de creencia. Sin embargo, la instrucción de Sofía Puente extendió este concepto de exilio a cualquier persona que hubiera salido de España hasta el año 1955, bajo la presunción de que todo aquel que emigró hasta esa fecha lo hizo por motivos de guerra o persecución. Como bien señalaba Guillermo Rocafort, esto es un «despropósito absoluto«.

Lo más alarmante es que esta extensión de la ley se hizo sin ningún tipo de respaldo legal ni informe administrativo. Cuando se le requirieron explicaciones, Sofía Puente, con una actitud que solo puedo calificar de desafiante, afirmó que no existía expediente administrativo alguno ni informes que justificaran su decisión, y que asumía toda la responsabilidad de ese acto. Una declaración que, en sí misma, es una admisión de una posible conducta prevaricadora, al tomar una decisión que modifica una ley de rango superior sin competencia ni justificación legal.

El Supremo frena el «pucherazo electoral» y señala a Puente

La decisión del Tribunal Supremo no es una anécdota; es un hito. La medida cautelar no anula las nacionalidades ya concedidas, pero sí paraliza sus consecuencias electorales. Esto significa que, aunque haya españoles de pasaporte, miles de ellos no podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones mientras dure esta suspensión. El propio Guillermo Rocafort, con quien comparto la alegría por este paso, ha sido muy claro: el procedimiento principal aún debe dilucidar la validez de esas nacionalizaciones, pero la suspensión del voto es un primer y crucial paso.

El Supremo también ha ordenado a la Oficina del Censo Electoral que separen los expedientes de la Ley de Nietos, distinguiendo entre aquellos que proceden de la aplicación directa de los supuestos originales de exilio y los que se derivan de la polémica y presuntamente ilegal interpretación de Sofía Puente. Este dato, como apuntaba Rocafort, es «muy significativo» y sienta las bases para una posible anulación futura de nacionalidades obtenidas irregularmente.

La inacción de las instituciones ante este despropósito ha sido, cuanto menos, vergonzosa. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han guardado un silencio cómplice, y ahora, al ver las consecuencias de esta instrucción, se muestran en contra, calificándola de «barbaridad». Es una hipocresía que clama al cielo. Como decía Rocafort, se han «cubierto de mierda todos, eh, incluso los honrados por no haber levantado la voz«. Hemos sido la sociedad civil, gente desinteresada y patriota, quienes hemos tenido que dar la batalla.

Incluso la Junta Electoral Central (JEC) ha protagonizado un «esperpento absoluto» al declararse incompetente sobre las decisiones del Censo Electoral, a pesar de que la ley la designa como órgano supervisor. ¿Cómo puede ser que el máximo órgano de control electoral se cruce de brazos ante una situación tan grave?

La incansable lucha de la sociedad civil

Detrás de esta victoria judicial hay un esfuerzo titánico de la sociedad civil. Personas como Guillermo Rocafort y Gabriel Araujo, de ‘Justicia Europa’, han dedicado años, dinero y disgustos a esta causa. Desde 2022, Rocafort ha presentado incontables informes a Transparencia, denuncias ante la Junta Electoral, y ha puesto el foco en la instrucción de Sofía Puente. Su perseverancia, basada en el puro patriotismo y sin ánimo de lucro, ha sido fundamental.

Como Rocafort me recordaba, su lucha ha sido constante, incluso pidiendo los informes que justificaban la instrucción de Puente, informes que, como ya sabemos, nunca existieron. La alegría de Rocafort es palpable: «Es un momento de plena felicidad», aunque también subraya que la lucha no ha terminado y que el objetivo final es la anulación de esas nacionalidades fraudulentas.

Este «despropósito absoluto» ha provocado un «escándalo» en el censo electoral. Acabo de actualizar los datos y ya son 164 los municipios que tienen más votantes extranjeros (CERA) que locales, una cifra que no ha dejado de crecer a raíz de la aplicación de esta ley y de la interpretación de Sofía Puente. Esto no es solo un problema estadístico; es una alteración potencial de la voluntad democrática en nuestro país.

Mientras tanto, la clase política, o al menos parte de ella, ha mirado para otro lado. Recuerdo las declaraciones de Feijóo en noviembre de 2022, desde Argentina, apoyando que esos nuevos nacionalizados pudieran votar. Una postura que, como bien señalaba Araujo, se emitió «sin darse cuenta lo que veíamos todos», la magnitud del «despropósito».

La batalla contra el «pucherazo electoral» y la defensa de nuestra democracia no ha terminado. Pero hoy, gracias a la valentía y el patriotismo de la sociedad civil, hemos dado un paso de gigante. Sofía Puente está siendo investigada, y yo, como muchos, espero que se siente en el banquillo y que pague por haber puesto en jaque la democracia de este país. No es solo una cuestión de justicia, es una cuestión de dignidad democrática.

Otras noticias destacadas del programa de hoy

• La Fiscalía, Abogacía del Estado y el propio Gobierno se posicionan ahora contra la situación electoral generada por la Ley de Nietos, calificándola de «barbaridad».
• Se denuncia el «esperpento» de la Junta Electoral Central al declararse incompetente sobre decisiones de la Oficina del Censo Electoral, a pesar de ser el órgano supervisor.
• El Tribunal Supremo ordena a la Oficina del Censo Electoral discriminar los expedientes de la Ley de Nietos, separando los que cumplen los supuestos de exilio de los que derivan de la interpretación de Sofía Puente.
• La situación en Ceuta se describe como crítica, con zonas ocupadas y una población española que teme salir de noche, con acusaciones de «alta traición» al gobierno por la gestión de la frontera.
• Se detecta una nueva convocatoria en redes sociales para un asalto a Ceuta el día 20, generando temor por la falta de medidas de seguridad efectivas.
• Se convoca a la «Segunda Marcha por la Dignidad» en Madrid para el sábado 26 de septiembre, de Cibeles al Arco de la Victoria, organizada por la sociedad civil para defender España y denunciar el fraude electoral.

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