La Ley de Nietos y el censo: las preguntas que hago antes de las generales

En el programa del 12 de octubre he planteado una cuestión distinta del caso de las firmas de Albaida: el efecto que puede tener en las próximas elecciones la ampliación del censo vinculada a la llamada Ley de Nietos. No cuestiono que una persona que haya adquirido legalmente la nacionalidad española pueda ejercer sus derechos. Lo que pido es que se expliquen las cifras, el calendario de inscripción y los controles aplicables al voto desde el exterior antes de convertir esta discusión en una guerra de consignas.

Solicitudes, nacionalizaciones y electores no son lo mismo

He hablado de unas 400.000 personas potencialmente afectadas. Pero ese número, tal como lo hemos comentado en antena, exige una definición. Una solicitud presentada no es una nacionalidad concedida; una nacionalidad concedida no nos dice por sí sola si la persona figura ya en el censo de unas elecciones concretas. Y estar inscrito no significa haber votado, ni mucho menos que alguien vaya a votar en su nombre.

En la emisión he citado también 133.000 posibles nuevos electores en Madrid y 48.000 en Barcelona. Son cifras que deben contrastarse con una fuente oficial y con el periodo al que se refieren. ¿Se trata de residentes en esas ciudades, de circunscripciones electorales o de otro criterio? ¿Son solicitudes, altas censales o personas con derecho efectivo de sufragio? Sin ese desglose, el dato puede impresionar, pero no permite calcular por sí solo un efecto en escaños.

Las decisiones pendientes y las garantías

He mencionado que el Tribunal Supremo estaba examinando una controversia relacionada con el voto de personas acogidas a esta vía de nacionalización. Necesito ver la resolución y sus fundamentos antes de atribuirle un alcance que quizá no tenga. No sabemos por la sola transcripción del programa cuántas personas serían afectadas por esa decisión ni qué plazo electoral se les aplicaría. Es precisamente el tipo de información que debería explicarse públicamente y sin ambigüedades.

Lo mismo ocurre con la gestión del censo exterior. Quiero saber cómo se verifican la identidad, la inscripción y la emisión del voto, qué recursos existen ante errores y cómo se auditan las incidencias. Si alguien descubre que se ha votado en su nombre, debe poder denunciarlo y obtener una respuesta. Si las administraciones sostienen que los controles actuales son suficientes, deberían mostrarlos y explicar sus resultados.

La sospecha política no sustituye a la prueba

He expresado mi preocupación por la posibilidad de que un cambio de censo se aproveche políticamente. Es legítimo preguntar quién se beneficia electoralmente de una medida y cómo se distribuyen los nuevos inscritos. Pero una concentración territorial, incluso si las cifras se confirman, no demostraría por sí sola un fraude. Para denunciar una manipulación del voto hacen falta actuaciones identificables, documentos y responsabilidades concretas.

Por eso separo este asunto del caso de Albaida. Allí hemos mostrado a un ciudadano que niega haber firmado una solicitud postal. Aquí hablamos de cifras agregadas, procedimientos de nacionalidad y reglas censales que debemos comprobar. Mi exigencia es la misma: que las instituciones publiquen los datos y permitan fiscalizarlos. Una democracia se fortalece cuando sus preguntas pueden contestarse con documentos, no cuando se pide a los ciudadanos que crean a ciegas a unos u otros.

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