Alojar a Diosdado Cabello en una embajada española puede ser delito

Hay días en los que una frase resume una situación entera. “Que el Gobierno español aloje en su embajada a Diosdado Cabello puede ser un delito”. Lo dijo en este programa Javier María Pérez Roldán, abogado de Hazte Oír, y conviene detenerse en el alcance jurídico y político de esa afirmación.

Porque una embajada es territorio español. Y, por extensión, territorio de la Unión Europea. En el marco de las sanciones europeas, determinados miembros del régimen venezolano tienen prohibido el acceso. Si una persona buscada por Estados Unidos y señalada como narcoterrorista se refugia en suelo español para eludir una posible captura, no hablamos solo de una irregularidad diplomática. Hablamos de una conducta que puede tener consecuencias penales, sobre todo cuando existen convenios de cooperación judicial con el país que le reclama.

No es la primera vez que España roza este límite. Ocurrió con Delcy Rodríguez en Barajas. Entonces se dijo que no era delito. Hoy el contexto es más grave: refugio reiterado, finalidad de ocultación y protección frente a una acción judicial internacional. Si se acredita ese propósito, la responsabilidad ya no es política: es jurídica.

En paralelo, el debate se amplía. Porque mientras se protege a personajes del régimen chavista, el Gobierno endurece el discurso contra las redes sociales. Y aquí la frase la pronuncia José Luis Rancaño con una claridad quirúrgica: “A Pedro Sánchez no le preocupan los menores; lo que quiere es controlar a la población”.

Se nos vende la idea de prohibir o limitar redes en nombre de la protección infantil. Pero el problema real es que no las controlan. Las redes son hoy el principal espacio de pensamiento crítico, el lugar donde las informaciones que otros callan circulan. Por eso molestan. Todo lo demás es propaganda.

Resulta irónico —y revelador— que quienes difunden ideología en colegios desde edades tempranas, quienes utilizan medios públicos para imponer relatos, se presenten ahora como guardianes de los menores. El objetivo político es otro: limitar la crítica, reducir el debate y localizar a quienes incomodan.

Cuando un Estado acoge a un prófugo internacional y al mismo tiempo intenta acotar la libertad de expresión, el problema ya no es Venezuela. El problema es aquí.