El gobierno quiere ocultar las elecciones durante 15 años
Hay decisiones políticas que no admiten interpretación benévola. Esta es una de ellas.
El Ministerio del Interior prepara un borrador que pretende clasificar la información electoral como información sensible, impidiendo su acceso durante hasta 15 años. No hablamos de secretos militares ni de seguridad nacional. Hablamos de elecciones.
Según este documento, que se publicará en el BOE una vez concluido el trámite, los datos electorales dejarán de ser accesibles para ciudadanos, periodistas, investigadores e incluso para el propio Parlamento. Se crea una nueva categoría, llamada “información de uso oficial”, diseñada para blindar el proceso electoral frente a cualquier control democrático.
Esto no tiene precedentes en ningún país occidental.
Hasta ahora, incluso la información clasificada o reservada podía ser supervisada por comisiones parlamentarias. Con esta nueva figura, ni siquiera eso será posible. La información electoral quedará fuera del alcance de todos, como si votar fuera una actividad secreta del Estado.
¿Las consecuencias? Muy claras.
– Los contratos con Indra no se podrán fiscalizar
– Los pliegos técnicos del sistema electoral serán secretos
– No habrá posibilidad de auditoría independiente
– Cualquier irregularidad quedará enterrada durante años
Todo esto ocurre mientras el Ministerio del Interior gestiona directamente el sistema electoral, algo que no sucede en ningún otro país democrático, ya que el Gobierno tiene intereses directos en el resultado.
Si el sistema fuera limpio, no habría necesidad de ocultarlo.
Si funcionara correctamente, la transparencia sería su mejor defensa.
Pero el camino elegido es el contrario: oscurantismo, blindaje y silencio.
Este movimiento llega además en un momento político concreto, con el partido del Gobierno en retroceso electoral, y tras años de denuncias sobre falta de recuento real, códigos no auditados y dependencia absoluta de una empresa privada.
Lo digo con toda claridad: esto es gravísimo.
Convertir las elecciones en materia clasificada es el último paso para que cualquier fraude pase por válido sin posibilidad de revisión.
Mi obligación es advertirlo.
La de la oposición, llevarlo a los tribunales.
Porque lo que se está preparando no es una reforma técnica, es un atentado directo contra la democracia.
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Miles de españoles piden que la Corona ejerza su papel constitucional con ejemplaridad e independencia.
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