El hermano de Sánchez podría estar fuera de España a pocas semanas del inicio del juicio oral

Esto no es una especulación. Es un hecho judicial que debería abrir informativos y portadas, pero que se está tratando con un silencio tan espeso como sospechoso.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha requerido formalmente a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, para que comunique dónde se encuentra y cuál es su domicilio actual, porque no consiguen localizarlo para notificarle la documentación del juicio oral que debe comenzar el 24 de mayo, dentro de apenas tres meses.

No está en Elvas.
No está en Badajoz.
Creen que no está en España.

Y cuando la justicia no puede localizar al hermano del presidente del Gobierno en un procedimiento penal, el problema deja de ser personal y pasa a ser institucional.

David Sánchez está procesado por prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y nombramiento ilegal. La plaza que ocupó en la Diputación de Badajoz se creó expresamente para él, por un organismo gobernado por el mismo partido que lidera su hermano. Cobró durante años sin acudir al puesto de trabajo, y cuando la jueza empezó a investigar, se montó una oficina ficticia con muebles para simular actividad.

Su declaración judicial es ya historia negra de la justicia española. A preguntas básicas sobre qué era la Oficina de Artes Escénicas que dirigía, no supo definirla, no supo explicar sus funciones y no supo decir dónde estaba ubicada. Literalmente, no sabía dónde estaba su oficina.

Se enfrenta a una petición de tres años de prisión y a la devolución íntegra de los salarios cobrados ilegalmente.

La Audiencia de Badajoz está seriamente preocupada. Algunas acusaciones particulares, entre ellas Vox, advirtieron del riesgo de fuga y pidieron la retirada del pasaporte. La jueza preguntó al abogado de David Sánchez. El abogado afirmó que no tenía intención de viajar. Con esa garantía, no se retiró el pasaporte.

Hoy sabemos que sí había solicitado un visado para Japón por reagrupación familiar. El visado está aprobado. Mintieron a la jueza. Ahora no saben dónde está.

Las fuentes consultadas en el entorno de la investigación coinciden en lo mismo: sospechan que ha huido y que se encuentra en el extranjero. Otra cosa será si decide regresar para el juicio. A día de hoy, la justicia no puede localizarlo.

Hablamos, además, de una persona con antecedentes claros de engaño fiscal. Durante años afirmó residir en Portugal para pagar menos impuestos, mientras vivía en el complejo de la Moncloa, donde aparcó su caravana durante 2020 y 2021, mantenido con dinero público. Ese fraude fiscal nunca se le ha aplicado.

Por primera vez, estamos ante la posibilidad real de que un miembro directo del entorno familiar del presidente del Gobierno haya huido de la justicia.

Y la pregunta inmediata es inevitable: ¿qué ocurre con Begoña Gómez? Su causa judicial está prevista incluso antes, en abril. Se niega a entregar su pasaporte al juez desde hace tres meses, pese a requerimientos de la policía judicial. Dos escenarios: o la policía entra en la Moncloa con orden judicial, o no está. Este programa ya informó hace más de un año de que había solicitado la nacionalidad dominicana por vía exprés.

Nada de esto es normal.
Nada de esto es democrático.

Nunca en la historia reciente de España hemos tenido un poder político tan blindado frente a la justicia. Y si la justicia empieza a llamar a la puerta de la Moncloa, solo hay dos salidas: responder o huir.

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