En España te pueden quitar un hijo sin juez: “es un sistema con prácticas propias de la mafia”
Hay imágenes que no se olvidan.
Una madre gritando. Una niña arrancada de sus brazos. Policías entrando en una casa como si fueran a detener a un narcotraficante.
Pero dentro no hay delincuentes. Hay una familia.
Y esa escena, que muchos pensarán que es excepcional, no lo es tanto como parece.
He hablado con el abogado Joan Crua, que lleva años enfrentándose a estos casos. Y lo que cuenta no es una anécdota. Es un sistema.
Y sus palabras son demoledoras:
“La DGAIA le puede quitar a cualquiera un hijo con prácticas propias de la mafia. Es un gran negocio.”
No estamos hablando de situaciones claras de maltrato. Esas existen y hay que actuar. Pero el problema está en todo lo demás.
En lo que no se ve.
En lo que no encaja.
En lo que nadie explica.
Porque en España, hoy, te pueden quitar a un hijo incluso sin orden judicial.
Sí, así de claro.
La ley permite que la administración actúe directamente, bajo el supuesto de que lo hace con criterios de “veracidad” y “protección del menor”. Y si no estás de acuerdo, luego ya reclamarás.
Luego.
Cuando el daño ya está hecho.
Cuando el niño ya no está.
Y ahí empieza el calvario.
Crua lo explica con crudeza: los jueces, en muchos casos, validan automáticamente lo que dicta la administración. Lo que debería ser control se convierte en trámite.
Y mientras tanto, el sistema sigue funcionando.
Porque detrás hay algo que casi nadie quiere señalar:
dinero.
Mucho dinero.
Según los datos que maneja este abogado, el coste por menor tutelado puede alcanzar hasta 55.000 euros al inicio y unos 4.000 euros mensuales.
Multipliquen.
En España hay alrededor de 52.000 menores tutelados.
Y aquí viene la pregunta incómoda:
¿De verdad hay decenas de miles de niños en situación de riesgo real… o estamos ante otra cosa?
Crua lo tiene claro:
“Ni el 10% deberían estar en esa situación.”
Lo que describe es un entramado difícil de seguir. Fundaciones, empresas, organismos interconectados… una estructura opaca donde nadie asume responsabilidades claras.
Y cuando alguien se equivoca, no pasa nada.
Cuenta un caso especialmente grave: una madre acusada falsamente de maltrato. Le quitaron a su hijo. Años después, se demostró que todo era falso. Recuperó al niño… tras una batalla judicial interminable.
El Estado tuvo que indemnizarla con 300.000 euros.
¿Consecuencias para los responsables?
Ninguna.
Siguieron en sus puestos.
Y aún hay más.
En otro caso, se han llegado a detectar firmas falsificadas de menores para justificar decisiones administrativas.
Sí, falsificación documental en procesos que afectan a niños.
Y aun así, el sistema sigue intacto.
Porque hay otro factor clave:
el tiempo.
Aunque consigas ganar en los tribunales, pueden pasar 4, 5 o 6 años.
Y entonces te dicen que el niño ya está “arraigado” en otra familia.
Y ya no vuelve.
Así funciona.
Sin transparencia. Sin control real. Sin consecuencias.
Y con un poder descomunal.
Crua lo resume en una frase que debería preocupar a cualquier padre:
“No hay peor enemigo que la DGAIA. Nos puede pasar a cualquiera.”
Esa es la realidad.
Y de esto, casi nadie habla.
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