Francina Armengol y la censura encubierta: ¿prevaricación desde la presidencia del Congreso?

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se ha convertido en protagonista silenciosa de uno de los episodios más graves de censura institucional en democracia reciente. El veto al documental Lo que nos ocultaron, autorizado previamente para su proyección en el Congreso, fue revocado por la Mesa que ella preside, fuera de plazo y con argumentos que no se sostienen legalmente.

En Castillón Confidencial se denunció sin ambages: hay base jurídica suficiente para hablar de prevaricación. Porque no hablamos de una decisión política discutible, sino de una posible utilización fraudulenta de la institución para impedir el ejercicio de un derecho fundamental: la libertad de expresión.

El documental, crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez y con el papel de los grandes medios en la manipulación del relato público, había sido aprobado conforme al reglamento. Pero a última hora, la Mesa del Congreso revocó el permiso alegando que el acto “no tenía carácter institucional”. Una excusa inverosímil: nunca antes se había retirado un permiso por esa razón una vez concedido.

Además, la revocación llegó fuera de plazo. Y lo más escandaloso: el equipo del documental asegura que los motivos que se esgrimieron fueron directamente falsos. Lo que parecía una decisión técnica es, en realidad, una maniobra política ejecutada desde el corazón del poder legislativo.

Armengol, lejos de dar explicaciones, se ha limitado a guardar silencio. Ningún medio afín le exige responsabilidades. Ningún partido del bloque gubernamental lo considera un escándalo. Pero lo es. Porque si desde el Congreso se pueden frenar actos legales y pacíficos por su contenido ideológico, ¿qué queda de la democracia parlamentaria?

Y mientras los protagonistas del documental son vetados, los que promovieron el procés, justificaron el terrorismo o insultaron a la Corona siguen accediendo libremente a las salas del Congreso sin que nadie los moleste.

El doble rasero es evidente. Y el abuso de poder, más todavía. Si un acto autorizado puede cancelarse por motivos políticos, no estamos ante una institución parlamentaria: estamos ante una fortaleza partidista. Y su responsable, en este caso, se llama Francina Armengol.