Los productores de Malas Lenguas siguen en TVE pese a ser condenados a 2 años de cárcel
Hay momentos en los que uno se pregunta si en España queda algo de sentido común. Esta semana hemos conocido que dos productores estrella de Televisión Española, responsables de algunos de los contenidos más manipulados y agresivos de la televisión pública, han sido condenados a 2 años de cárcel… y, aun así, seguirán trabajando como si nada.
Hablo de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los conocidos responsables de ese aparato mediático que tantos servicios presta al Gobierno desde la televisión que pagamos todos. Los mismos que impulsaron aquellos programas lacrimógenos sobre Rocío Carrasco, donde se soltaron barbaridades judicialmente prohibidas, y donde se revelaron datos íntimos y resoluciones sobre una menor de edad —la hija de Rocío y Antonio David— que jamás debieron difundirse.
Eso es exactamente lo que ha dictaminado un tribunal: violaron la protección jurídica de una menor, desvelaron información reservada y utilizaron resoluciones judiciales para generar espectáculo televisivo.
Resultado: dos años de condena.
Ahora viene lo increíble.
Televisión Española —esa que usted, yo y todos financiamos— no solo no los aparta, sino que previsiblemente los mantendrá en antena. Y no estoy exagerando. Lo dije en el programa y lo repito aquí: me apuesto lo que quieran a que no solo continuarán, sino que incluso renovarán contratos.
¿Por qué?
Porque para el Gobierno, tener una maquinaria de propaganda en TVE es esencial. No importa la audiencia, no importa la calidad, no importa la ética, no importan los delitos. Importa la utilidad.
Y Cornejo y Madrid, desde Malas Lenguas y otros formatos, son útiles.
Lo suficientemente útiles como para que una condena penal no altere un milímetro su permanencia.
Lo más grave es que esta propaganda la paga usted.
Si vota al PSOE, al PP, a Vox, a quien quiera: da igual.
El dinero sale del mismo sitio: nuestros impuestos, utilizados para mantener a personas condenadas que deben su poder a su obediencia a Moncloa.
La BBC, por poner un ejemplo serio, jamás permitiría algo así.
Aquí, en cambio, parece hasta normal.
España entera pagando a quienes difunden información ilegal sobre menores, mientras los responsables del despropósito siguen trabajando en la televisión pública como si nada hubiera pasado.
Así funciona el sistema mediático del Gobierno.
Y así entienden algunos la palabra “servicio público”.
¿CREES QUE ESTE GOBIERNO DEBE RESPONDER ANTE LOS CIUDADANOS?
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Rajoy Soraya le entrego millones rambuen a costa de nuestros impuestos a Atresmedia para comprar y adjudicarle la Sexta y inyectar al resto del monopolio incluido Espejo Publico donde usted trabajaba. Porque no lo difundio entonces.