Los viajes secretos de Sánchez y los suyos: lo que no quieren que sepamos

Llevamos años contando que hay algo que no encaja en la agenda oficial del presidente del Gobierno. Hoy ya no hablamos de sospechas: hablamos de datos, de patrones repetidos y de hechos que se confirman con el paso del tiempo. Y lo que se dibuja es inquietante.

Durante años, Pedro Sánchez, Begoña Gómez y su entorno más cercano han utilizado aviones oficiales y jets privados alquilados para realizar vuelos sin dejar rastro, apagando deliberadamente los sistemas que permiten a cualquier ciudadano saber de dónde sale y a dónde llega una aeronave. Aviones que pagamos todos. Viajes que no conocemos. Destinos que se ocultan.

No es normal. No es aceptable. Cuando un presidente del Gobierno apaga el rastro de vuelos financiados con dinero público, la pregunta no es técnica, es política y moral: ¿qué se quiere ocultar?

Hace tres años ya contamos que los Falcon del Gobierno volaban a República Dominicana, permanecían allí unas horas y luego desaparecían del radar. Literalmente. Se apagaba el sistema ADSB y el avión dejaba de existir para el seguimiento público. Hoy sabemos que fueron al menos 31 vuelos oficiales con ese patrón, y que en muchos casos quienes los utilizaban eran Pedro Sánchez, Begoña Gómez o incluso José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero eso solo era el principio.

Hoy sabemos que no se trata solo de aviones oficiales, sino de jets privados alquilados por el propio PSOE, utilizados de forma sistemática para desplazamientos nacionales e internacionales. Jets que despegan, apagan el sistema de rastreo y reaparecen horas o días después. Como si nada.

Cada hora de vuelo cuesta miles de euros. Todo pagado con dinero público o con fondos del partido. Y nadie da explicaciones.

¿Dónde iban?
¿Qué hacían allí?
¿A quién veían?
¿Qué traían de vuelta?

La investigación ha permitido identificar uno de esos aviones: el jet ECOL, perteneciente a una empresa española de aviación privada. Este aparato ha sido utilizado durante años por Sánchez, Begoña Gómez y su círculo íntimo para desplazamientos sin rastro público.

La operativa es clara y repetida: cuando no interesa que se conozca el destino, se apaga el sistema ADSB, el mismo que permite a cualquier ciudadano seguir un vuelo en tiempo real. Durante ese tiempo, el avión desaparece del radar civil.

Estos jets han realizado vuelos a República Dominicana y otros países extranjeros, además de desplazamientos internos no vinculados a actos oficiales ni electorales conocidos. En algunos trayectos, el avión desaparece en pleno Mediterráneo y vuelve a aparecer días después en el mismo punto.

Paralelamente, se ha confirmado que el mantenimiento de los Falcon del Ejército del Aire y del Airbus gubernamental está adjudicado a una empresa privada con fuerte facturación, beneficiada por concesiones del propio Gobierno. Una relación, como mínimo, llamativa.

A esto se suma un contexto explosivo: el mayor espionaje sufrido por un presidente del Gobierno español, el caso Pegasus. El 18 y 19 de mayo de 2021, durante un viaje a Ceuta y Melilla, los teléfonos de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska fueron infectados mediante dispositivos de inteligencia marroquí. A Sánchez le extrajeron 2,6 GB de información. A Marlaska, casi el triple.

Desde ese momento, según fuentes de inteligencia, se desata el pánico en Moncloa. Se activan vuelos urgentes. Se intenta saber qué información ha caído en manos extranjeras. Incluso se envía un jet privado a Israel para exigir explicaciones a la empresa vinculada a Pegasus. Sin éxito.

Israel niega tener el contenido. Marruecos guarda silencio. Y un mes después del espionaje, el Ministerio del Interior español firma un contrato de 30 millones de euros con el Ministerio del Interior marroquí. A partir de ahí, se produce un goteo constante de dinero público y un giro histórico en la posición española sobre el Sáhara.

Todo encaja. Y todo es gravísimo.

Conclusión

Hoy ya no hablamos de rumores. Hablamos de centenares de vuelos, de sistemas de rastreo apagados, de dinero público, de espionaje internacional y de decisiones políticas que cambian tras un chantaje potencial.

La pregunta no es si esto merece una investigación.
La pregunta es cómo ha podido durar tanto sin una explicación pública.

Porque si pagamos los aviones, tenemos derecho a saber dónde van, por qué van y qué traen de vuelta.

Y porque cuando el poder vuela en la sombra, la democracia se queda en tierra.

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