«No tengo miedo aunque me pidan cuatro años y medio de cárcel, quiero declarar pronto la verdad ante los jueces»

Hay algo que está ocurriendo en Europa y que cada vez preocupa a más periodistas y ciudadanos: las detenciones y procesos judiciales por publicaciones en redes sociales.

Las cifras son inquietantes.

En el Reino Unido, más de 12.000 personas han sido detenidas en un solo año por publicaciones consideradas ilegales. En Bielorrusia han sido más de 6.000, en Alemania alrededor de 4.500, y en China más de 100.

España empieza a entrar en ese terreno.

Estos días hemos conocido el caso de la periodista Cristina Seguí, que se enfrenta a una petición de cuatro años y medio de prisión por mensajes publicados en redes sociales en los que denunciaba presuntas irregularidades en la gestión de menores tutelados en la Comunidad Valenciana.

Lo que Seguí denunció no es un simple debate político. Son acusaciones muy graves relacionadas con menores bajo tutela de la administración pública.

Durante mi conversación con ella explicó que existen varios expedientes de retirada de menores que, según afirma, habrían sido tramitados de forma irregular durante los años en los que gobernaban PSOE y Compromís en la Comunidad Valenciana, con Mónica Oltra al frente de la consejería responsable de menores.

Uno de esos casos ya fue analizado por el Tribunal Supremo, que declaró irregular la retirada de una niña a su familia cuando era un bebé.

La menor fue separada de sus padres y permaneció más de cuatro años sin poder conocer a su familia, incluidos sus abuelos y su propio hermano. Durante ese tiempo vivió con una familia de acogida vinculada políticamente con el entorno del gobierno autonómico de entonces.

Tras años de batalla judicial, la niña fue finalmente devuelta a su familia.

Pero la tragedia no terminó ahí. Según explicó Seguí, el padre de la menor acabó quitándose la vida durante el proceso judicial tras años intentando recuperar a su hija.

La periodista sostiene que este caso no sería aislado. Habla de al menos seis expedientes similares, varios firmados por la misma responsable administrativa de la consejería.

En uno de los episodios que relata, una madre que había solicitado ayuda social habría acudido a una reunión en dependencias de la administración. Según su testimonio, al salir de esa reunión su bebé ya no estaba en el carrito, iniciándose posteriormente un procedimiento de desamparo que terminó con la adopción del menor.

Son acusaciones extremadamente graves que deberían investigarse hasta el final.

El contexto político añade aún más polémica al asunto. Durante aquellos años, la política responsable de la gestión de menores era Mónica Oltra, exvicepresidenta del gobierno valenciano.

Además, Oltra ya ha sido investigada judicialmente en otro caso relacionado con el encubrimiento institucional de los abusos sexuales cometidos por su entonces marido contra una menor tutelada.

Ese caso terminó con una condena de cinco años de prisión para el agresor.

En medio de todo esto aparece una pregunta que muchos ciudadanos se están haciendo: ¿por qué quien denuncia estos hechos termina enfrentándose a peticiones de cárcel?

Cristina Seguí sostiene que el proceso judicial contra ella busca desacreditarla y silenciar sus investigaciones. También cuestiona la neutralidad de la fiscal que impulsa el procedimiento, a la que vincula públicamente con dirigentes políticos de la época.

Será la justicia quien determine qué ocurrió realmente.

Pero hay algo que no debería discutirse: cuando existen denuncias relacionadas con menores bajo tutela del Estado, la obligación de las instituciones es investigarlas con absoluta transparencia.

Porque en cualquier democracia sana la protección de los niños debe estar siempre por encima de cualquier interés político.

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