Sánchez le ha dado 4.200 millones a Indra, y él controla el consejo de administración
Llevamos cuatro años investigando el fraude electoral en España.
Empezamos prácticamente solos, con el apoyo de unos pocos valientes, y seguimos aquí, con testimonios, pruebas y silencio institucional.
Y justo cuando el país necesita transparencia, el Gobierno anuncia una inyección de 4.200 millones de euros a Indra, la empresa que vigila nuestros votos.
Repito la cifra: 4.200 millones.
Indra está participada por el Estado, por el PSOE y por Sánchez.
El presidente de Indra lo pone y lo quita Moncloa.
Y aun así, pretenden que confiemos en la limpieza de las próximas elecciones.
¿De verdad creen que somos tan ingenuos?
La empresa armamentística Indra, responsable de gestionar sistemas electorales y contratos de defensa, recibirá 4.200 millones de euros del Gobierno bajo la excusa del gasto militar exigido por la OTAN.
Su presidente, Ángel Escribano, fue uno de los fundadores, pero el verdadero poder lo ostenta el consejero delegado José Vicente de los Mozos, un hombre del PP, tan cercano que llegó a venderle un chalet de un millón de euros a Feijóo.
Indra es una compañía semipública: el Estado controla su consejo de administración a través de la SEPI.
Eso significa que todas sus decisiones pasan por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Y aquí viene la pregunta clave:
¿qué hace una empresa de armas vigilando el recuento electoral en España?
Indra, además, tiene filiales en Venezuela, Marruecos, Emiratos Árabes, México y Kazajistán.
Ha gestionado procesos electorales en países donde las sospechas de manipulación son constantes.
Y ahora el Gobierno español la premia con una financiación multimillonaria.
El exdiputado y policía Pablo Cambronero lo dijo con claridad en el programa:
“Es una empresa participada públicamente que debería ser auditada con rigor, pero las auditorías brillan por su ausencia. Hay una especie de obligación formal, pero nunca sabremos el destino real de esa millonada.”
Cambronero recordó que el sistema de pagos entre partidos y diputados también apesta a irregularidad:
“El Congreso paga a cada diputado su nómina, pero en algunos partidos se la entregan al partido para redistribuirla. Eso no pasa por Hacienda. Es alegal, y nadie lo controla.”
Y mientras tanto, el Gobierno sigue aprobando contratos y subvenciones sin control efectivo del Tribunal de Cuentas, ni de nadie.
Terminamos hablando de “Futuro Vegetal”, el grupo que vandalizó el cuadro de Colón y que —según la investigación de Cambronero— ha recibido financiación internacional a través del Fondo de Emergencia Climática, parte de la cual se investiga por presunto uso fraudulento de fondos públicos.
Y para rematar, el Gobierno acaba de destinar 400.000 euros a un programa en Bolivia llamado “Ellas+”, dedicado a promover una agenda despatriarcalizadora de cara a las elecciones de 2026.
Todo pagado con dinero español.
Cambronero lo resumió así:
“Esto es gravísimo. Se está usando la cooperación internacional para influir en elecciones extranjeras. Es un escándalo.”
Y tiene razón.
Estamos financiando ideología y poder mientras se manipula la democracia desde dentro.
¿CREES QUE ESTE GOBIERNO DEBE RESPONDER ANTE LOS CIUDADANOS?
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