5.000 euros por información sobre etarras refugiados en Venezuela
En el programa hemos vuelto a poner el foco donde muchos prefieren no mirar. ETA no desapareció sin dejar rastro, y algunos de sus miembros siguen hoy protegidos fuera de España, especialmente en Venezuela.
Por eso Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, ha anunciado una medida concreta y directa: una recompensa de 5.000 euros para cualquier persona que aporte información policial y judicialmente válida que permita la detención de etarras huidos, estén en Venezuela o en cualquier otro país.
No es una frase al aire. Es una iniciativa real, con un objetivo claro: romper la impunidad de quienes cometieron asesinatos en España y jamás respondieron ante un juez.
Durante el programa, Daniel Portero explicó que Venezuela es el país que más miembros de ETA ha acogido y protegido durante años, primero bajo el gobierno de Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro y el actual entramado chavista. Aunque también hay etarras en Cuba, México, Uruguay, Brasil, Cabo Verde o Francia, es en Venezuela donde la colonia es más numerosa y mejor protegida.
La recompensa de 5.000 euros se ofrece por información contrastada, no por rumores. Datos que puedan derivar en una detención policial o judicial, independientemente de que la extradición se produzca de inmediato o quede pendiente por razones políticas.
Portero recordó que todos los etarras mencionados huyeron de la justicia española, muchos de ellos con asesinatos múltiples a sus espaldas, y que algunos llevan más de 30 o incluso 40 años en la clandestinidad, viviendo con normalidad, algunos integrados en estructuras públicas venezolanas.
En el programa se dieron nombres y fotografías de varios de ellos, insistiendo en que los rasgos no suelen cambiar y que cualquier pista puede ser clave. La recompensa se canaliza a través de Dignidad y Justicia, que trasladará la información a las autoridades correspondientes.
Uno de los puntos más importantes que se aclaró es el de la prescripción de los delitos. Frente al discurso habitual de que “ya no se puede hacer nada”, Portero explicó que ETA dejó de existir oficialmente en abril de 2018, lo que mantiene vigente el delito de pertenencia a organización terrorista, con un plazo de prescripción de al menos diez años.
Eso significa que hasta 2028 existe margen legal para actuar, detener y reclamar extradiciones. Además, la huida interrumpe la prescripción, por lo que muchos de estos casos siguen jurídicamente vivos.
La recompensa de 5.000 euros no es un gesto simbólico. Es una forma de decir algo muy claro: no se puede pasar página mientras los asesinos siguen protegidos.
Las víctimas de ETA no han tenido justicia completa. Muchos de sus verdugos nunca se sentaron ante un juez, y algunos siguen viviendo tranquilos gracias a regímenes que los han utilizado como piezas políticas.
Desde aquí lo decimos sin rodeos: ni a los asesinos ni a quienes los protegen se les puede conceder el olvido.
Seguiremos dando nombres, datos y contexto.
Porque la memoria no prescribe.
