Expropiación encubierta tras la riada en Valencia

Hoy les cuento algo que indigna a miles de agricultores en la Comunidad Valenciana: el gobierno de Pedro Sánchez ha convertido en dominio público parcelas privadas que quedaron inundadas en la riada de Valencia. Lo han hecho sin indemnizar a sus propietarios.

En lugar de aplicar una expropiación con un justiprecio acorde al mercado (entre 20.000 y 30.000 euros por hectárea), el Ejecutivo ha recalificado esas tierras como dominio público hidráulico, pasando a manos de la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Resultado? Los dueños pierden su medio de vida y no saben ni cuánto ni cuándo cobrarán.

Hablamos con Víctor Viciedo, de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Él mismo nos explica que, además, los trabajos de reparación están paralizados. La empresa pública Traxa se ha limitado a actuaciones generales —caminos, puentes, acequias—, pero los agricultores ni siquiera pueden acceder a sus parcelas para cultivar o recolectar.

La indignación crece porque, como señala Viciedo, las empresas privadas harían esos trabajos a mitad de precio, mientras la pública dispara los costes. Y la paradoja es mayor: muchos agricultores no pueden entrar a su tierra, ni recoger sus frutos, mientras se enfrentan a una burocracia interminable.

Pero el problema no es solo administrativo. Las llamadas “leyes verdes” impiden limpiar ríos y montes, y son responsables de que se produzcan inundaciones e incendios. En lugar de permitir tareas de mantenimiento, la normativa protege burocráticamente las zonas afectadas, abandonando los montes y dificultando la ganadería extensiva que antes los mantenía limpios.

No aprendimos nada tras la Dana, ni tampoco tras los incendios. El Pacto Verde Europeo se ha convertido en un desastre aplicado a la española, porque en Alemania sí se permite limpiar cauces y bosques. Aquí no. Y por eso, cuando llega una riada o un incendio, la culpa no es del clima, sino de la negligencia política.

Editorialmente lo digo claro: esto es un expolio silencioso al campo español. El agricultor pierde, el contribuyente paga más y el Estado gana poder sobre la tierra. No hay otra lectura.