Nadie quiere publicar un listado oficial de fallecidos de la DANA

Hace un año de la tragedia que arrasó Valencia durante la DANA.
Cientos de muertos, familias destrozadas y una gestión que sigue siendo un auténtico escándalo.

He hablado con Mary García, presidenta de la Asociación Unión del Pueblo 29, que perdió a su padre en aquella riada.
Y lo que cuenta estremece: ni justicia, ni ayudas, ni respeto.

Mary me lo ha dicho con serenidad y rabia contenida:

“No hay un listado oficial de víctimas, Albert. Lo llevo pidiendo desde el primer día. Ni siquiera puedo hacer un monolito en Catarroja con los nombres de los fallecidos porque el Ayuntamiento no me facilita el listado.”

¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI un país europeo no tenga el número oficial de muertos de una catástrofe?
¿Qué ocultan? ¿A quién protegen?

Hasta Víctor de Aldama, empresario clave en la trama de corrupción del PSOE, soltó hace unos días una frase que nos dejó helados:

“Más de mil muertos en Valencia… y lo habéis tapado.”

Mary no lo confirma, pero sí reconoce que hay más víctimas de las que aparecen en las listas.
Personas que murieron después en hospitales, ancianos que fallecieron por el trauma o el agua contaminada, casos clasificados como “muerte natural”.
Víctimas invisibles.

Y mientras tanto, el Gobierno anuncia un funeral de Estado laico, al que no invitan a todas las familias.

“A mí no me han enviado ni un correo”, denuncia Mary.
“Solo van las víctimas elegidas, las que salen en la foto con el presidente.”

Los que perdieron a sus seres queridos siguen viviendo entre ruinas.
Aceras sin reparar, ambulatorios destrozados, chavales estudiando en barracones.
Once meses subiendo a pie a su casa porque el ascensor no funcionaba.

Y lo más doloroso: cuando estas familias se manifiestan cada 29, se las tacha de ultraderecha.
Ni Mazón, ni Sánchez, ni Robles dan la cara.
Ni una palabra de la UME, ni del Ministerio de Defensa.

“A mi padre se le acabó la vida antes de que sonara la alarma. El móvil dejó de funcionar antes de que llegara la alerta. Y los helicópteros sobrevolaban sin bajar a rescatar”, me contó Mary.

La juez que instruye el caso no ha imputado a nadie relevante.
Ni a Polo, responsable del agua, ni a la Confederación, ni a los que tenían la obligación de actuar.

Y a quienes alzan la voz, los señalan.

“Nos llaman locas, conspiranoicas, derechistas… solo por pedir la verdad”, dice Mary.

Yo me pregunto:
¿cómo puede un Estado que presume de justicia, negar a sus muertos?
¿Cómo se puede hablar de democracia cuando ni las víctimas importan si no encajan con el discurso político?

Aquí hay dolor, abandono y silencio oficial.
Y si hoy lo contamos es para que no se repita, y para que la memoria de esas víctimas no desaparezca bajo el barro y la censura.

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