El islam subvencionado: cuando el Estado paga por su propio silencio

Lo repito desde hace años: en España se financia con dinero público lo que después se prohíbe criticar.
Y lo más escandaloso es que lo hacemos en nombre de la “tolerancia”.

Durante el programa de hoy hablamos de algo que la mayoría de medios ni menciona: el Estado español subvenciona a la Comisión Islámica de España, una organización que representa a menos del 10 % de los musulmanes del país, y que, sin embargo, recibe fondos para promover una versión “oficial” del islam dentro de nuestras fronteras.

¿A cambio de qué?
De silencio.
Silencio ante los abusos, ante los discursos de odio que sí existen, y ante la infiltración ideológica que está siendo tolerada por nuestros propios gobernantes.

Y mientras tanto, sacerdotes como el padre Custodio son perseguidos por opinar.
Él no recibe subvenciones, no tiene lobbies detrás, no reparte dinero ni votos.
Solo habla.
Y por hablar lo quieren callar.

El contraste es brutal:
el islam político recibe millones;
la Iglesia católica, que ha sido pilar cultural durante siglos, es perseguida, insultada y expulsada del espacio público.

Nos dicen que eso es “laicidad”.
No lo es.
Es rendición.

Y lo peor no es el dinero: es la complicidad mediática.
Los mismos periódicos que publican reportajes sobre islamofobia ocultan los vínculos financieros entre gobiernos, mezquitas y fundaciones extranjeras.
Cuando un cura dice algo incómodo, lo crucifican.
Cuando un imán radicaliza a jóvenes, lo justifican.

En el programa lo dijimos claramente:

“No se trata de religión, se trata de poder. Y el poder ha decidido proteger al islam político porque sirve a su estrategia.”

Porque el miedo es rentable.
Sirve para dividir, para censurar, para vigilar.
Y en nombre de la convivencia, están imponiendo una nueva forma de censura religiosa: la del miedo al desacuerdo.

Los españoles no somos racistas ni intolerantes.
Somos un pueblo que ha convivido siempre con quien viene a trabajar y respetar nuestras leyes.
Lo que no aceptamos es que se compre nuestra libertad con dinero público.

Y eso, señores, es exactamente lo que está ocurriendo.
Nos obligan a pagar por nuestro propio silencio.

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