Begoña Gómez y la nacionalidad dominicana: el silencio que no tranquiliza

El 4 de abril contamos una información que provocó una sacudida: Begoña Gómez estaba tramitando la nacionalidad dominicana por vía urgente. Aquello no se desmintió con datos. Se intentó apagar con ruido.

Hoy sabemos algo más. Y lo que sabemos no tranquiliza.

El juez preguntó oficialmente a las autoridades dominicanas si Begoña Gómez tenía o no esa nacionalidad. La respuesta fue reveladora por lo que no decía: que no era de interés público, que era un asunto privado, que competía a otro organismo. No dijeron que no. Y cuando una institución puede negar algo con una frase y no lo hace, el silencio empieza a hablar.

Estamos hablando de la esposa del presidente del Gobierno, investigada judicialmente, que viaja con pasaporte diplomático, cuyo entorno ha realizado decenas de vuelos a República Dominicana y sobre la que existen indicios de intereses económicos en ese país. Decir que eso pertenece al ámbito de la intimidad es una tomadura de pelo.

Cuando alguien ostenta o comparte poder, deja de ser un ciudadano privado. Y más aún cuando existen causas judiciales abiertas. La obtención de una segunda nacionalidad no es un gesto simbólico. Tiene consecuencias legales muy concretas. Si una persona con problemas judiciales adquiere otra ciudadanía y se traslada a ese país, los procesos de cooperación judicial se complican de forma extraordinaria. No es teoría. Ha ocurrido muchas veces.

Además, existe un elemento que no se puede obviar: el riesgo de fuga. No hace falta cruzar fronteras en una maleta. Basta con preparar el terreno legal con tiempo. Por eso el asunto no solo es de interés público: es de interés democrático.

Aquí nadie ha explicado nada. Ni por qué se solicita esa nacionalidad. Ni para qué. Ni en qué fase está el proceso. Solo evasivas. El que calla, en política, casi siempre otorga.

Los ciudadanos tenemos derecho a saber si quienes nos gobiernan y su entorno más cercano juegan con dos barajas. Y más aún cuando el discurso oficial exige ejemplaridad, transparencia y confianza institucional. La confianza no se pide. Se merece.