Prohibir las redes a menores no es protección: es control social

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Cada vez que un gobierno quiere ampliar su capacidad de control, utiliza el mismo envoltorio: la protección de los menores. Es un argumento emocionalmente imbatible y políticamente rentable. Pero no por ello es cierto.

Esta semana, en el programa, hemos analizado la propuesta de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Y Ricardo Crobu lo expresó con absoluta claridad: no estamos ante una medida de protección infantil, sino ante un sistema de control que acabará afectando a toda la población.

Porque el problema no es la edad.
El problema es el mecanismo que se necesita para hacer cumplir esa prohibición.

La pregunta clave que nadie responde

La cuestión es tan simple como incómoda:
¿cómo va a saber el Estado quién es menor y quién no lo es en las redes sociales?

La respuesta es evidente: obligando a todos los ciudadanos a identificarse digitalmente. No solo a los menores. No solo a los padres. A todos.

Para demostrar que no eres menor, tendrás que acreditar quién eres. Eso implica registro, verificación y trazabilidad. Es decir, rastro digital obligatorio.

Nos lo venden como protección.
Pero se ejecuta como vigilancia.

Delegar en el Estado lo que es responsabilidad parental

Ricardo Crobu plantea una reflexión incómoda pero necesaria:
si un padre no es capaz de poner límites a su hijo, delegar esa autoridad en el Estado no soluciona el problema, lo desplaza.

Y cuando el Estado entra en el ámbito familiar para sustituir la autoridad parental, no lo hace de forma puntual. Lo hace creando precedentes.

Hoy es por los menores.
Mañana será “por coherencia del sistema”.
Pasado mañana, por seguridad nacional.

El patrón de siempre

El esquema es conocido y repetido:

– Se presenta una medida como algo puntual y excepcional.
– Se justifica por un bien mayor incuestionable.
– Se implanta un sistema técnico que no distingue edades, sino identidades.
– Ese sistema se queda.

Crobu lo explica con precisión psicológica: cuando una sociedad acepta perder libertad a cambio de una supuesta seguridad, rara vez recupera esa libertad después.

El discurso político que acompaña la medida

No es casual que esta propuesta llegue acompañada de un discurso agresivo contra las plataformas tecnológicas y contra quienes no se alinean con el relato oficial. Se habla de “tecnocasta”, de “algoritmos peligrosos”, de amenazas difusas.

Pero el problema no es la tecnología.
El problema es quién decide cómo se usa y contra quién.

Prohibir no educa.
Vigilar no protege.
Controlar no cuida.

La consecuencia real

Una vez que toda la población debe identificarse para expresarse en redes sociales, la libertad de expresión deja de ser real y pasa a ser condicional.

Condicional a no molestar.
Condicional a no discrepar.
Condicional a no salirte del carril.

Y eso, en una democracia, no es una medida técnica: es una mutación del sistema.