En la masiva regularización de inmigrantes no se comprueban antecedentes penales de nadie

La regularización masiva de inmigrantes que impulsa el Gobierno se está llevando a cabo sin uno de los controles más básicos en cualquier Estado serio: la comprobación de antecedentes penales. No es una sospecha, es una denuncia directa de quien conoce el sistema desde dentro.

Alfredo Perdiguero lo dice sin rodeos: no se está verificando a quién se regulariza. Y eso no es un fallo administrativo menor, es un problema de seguridad y una injusticia flagrante para quienes cumplen la ley.

Regularizar sin comprobar: cómo se está haciendo

Según explica Perdiguero, el proceso se ha convertido en un trámite casi automático.
Las escenas se repiten: colas interminables, oficinas desbordadas y expedientes que avanzan sin contrastes reales. No hay cruce efectivo de datos penales internacionales ni filtros mínimos que permitan saber quién entra y con qué historial.

Mientras tanto, miles de inmigrantes que llevan años trabajando legalmente siguen esperando, cumpliendo requisitos, pagando impuestos y sometidos a plazos interminables. La comparación es demoledora.

El riesgo para la seguridad ciudadana

El inspector advierte de algo elemental: regularizar sin comprobar antecedentes es introducir una variable de riesgo innecesaria.
No se trata de criminalizar a nadie, sino de aplicar el mismo criterio que se exige a cualquier ciudadano.

En cualquier otro ámbito —oposiciones, licencias, permisos— los antecedentes cuentan. Aquí, no. Y cuando el Estado renuncia voluntariamente a comprobar, asume una responsabilidad directa sobre las consecuencias.

Un uso político del sistema

Perdiguero apunta además a un factor que planea sobre todo el proceso: el interés electoral.
Las regularizaciones masivas no son nuevas y siempre aparecen en momentos políticos concretos. El mensaje implícito es peligroso: quien entra ilegalmente acaba siendo premiado, mientras quien cumple las normas queda relegado.

Ese mensaje erosiona la autoridad del Estado, desincentiva la legalidad y rompe la confianza de los ciudadanos en el sistema.

La regularización sin controles no es solidaridad, es irresponsabilidad.
Y hacerlo sin comprobar antecedentes penales es una temeridad que pone en riesgo la seguridad y quiebra el principio de igualdad ante la ley.

Cuando el Estado deja de preguntar quién eres y de dónde vienes, deja de proteger a quienes sí cumplen. Y eso, en cualquier democracia, tiene un precio.

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