Se utilizaron viajes oficiales de la Reina para realizar vuelos fantasma a Dominicana

Hay informaciones que obligan a detenerse, ordenar los datos y formular las preguntas correctas. No por sensacionalismo, sino por responsabilidad.

Lo que hemos podido reconstruir en torno a un vuelo oficial de junio de 2023 abre una línea de investigación que afecta directamente al uso de medios del Estado, a la transparencia institucional y, potencialmente, a la propia Casa Real.

Ese día, la reina doña Letizia viajó a Colombia en un Airbus del Ejército del Aire dentro de una agenda oficial vinculada a proyectos de cooperación. Un desplazamiento institucional, con cobertura pública y objetivos conocidos. Sin embargo, lo relevante no está en ese vuelo, sino en el que debía acompañarlo.

En este tipo de viajes, existe siempre una aeronave de apoyo, normalmente un Falcon, que despega prácticamente en paralelo y permanece operativo por razones de seguridad. En este caso, ese protocolo no se cumplió.

El Falcon asignado no voló a Colombia. Había salido el día anterior desde Torrejón con destino a República Dominicana. Y lo hizo con el transpondedor apagado, un hecho especialmente sensible, ya que este sistema permite identificar la aeronave, su posición, altitud y trayectoria. Su desconexión no solo impide el seguimiento, sino que supone un riesgo operativo en términos de seguridad aérea.

Desde República Dominicana, la aeronave no se dirigió a Cartagena de Indias ni a Cali, donde se encontraba la reina. Voló hacia Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y desde allí entró en espacio aéreo venezolano. Todo ello sin registro público completo del recorrido, sin información sobre pasajeros y sin una explicación oficial por parte del Gobierno.

Este encadenamiento de movimientos plantea interrogantes que no pueden despacharse con silencio administrativo. ¿Qué misión cumplía ese Falcon? ¿Quién autorizó su ruta? ¿Qué personas o materiales transportaba? Y, sobre todo, ¿por qué se desvía de su función de apoyo en un viaje oficial de la jefatura del Estado?

A partir de aquí surgen dos hipótesis que requieren aclaración institucional. La primera, que el viaje oficial de la reina sirviera de cobertura para una operación paralela. La segunda, que dicha coincidencia no fuera conocida por todos los actores implicados. Ambas posibilidades son lo suficientemente relevantes como para exigir una respuesta clara.

Este episodio se enmarca además en un contexto más amplio. En los últimos años, el uso del Falcon por parte del Ejecutivo ha generado controversia por la falta de transparencia en determinados desplazamientos, especialmente aquellos sin agenda pública detallada o con destinos recurrentes que no han sido debidamente explicados.

Al mismo tiempo, España ha incrementado de forma notable sus partidas de cooperación internacional, con cantidades que superan los mil millones de euros anuales entre distintos instrumentos. Una inversión que, en muchos casos, carece de seguimiento público exhaustivo sobre su destino final y su impacto real.

No se trata de establecer conclusiones precipitadas, sino de exigir algo básico en cualquier democracia: explicaciones.

Cuando coinciden vuelos opacos, rutas sensibles y ausencia de información oficial, la obligación no es confiar ciegamente, sino preguntar.

Y en este caso, hay demasiadas preguntas aún sin respuesta.

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