La ‘policía de Marlaska’ y el atropello judicial: cuando manifestarse (o simplemente mirar) se paga caro

Bueno, tengo que decirlo alto y claro, y me ha llegado de un confidente que ha pedido ayuda: la policía llamada de Marlaska existe en Madrid. No es un rumor, es una realidad que estamos constatando con denuncias que nos llegan al programa desde hace tiempo. Son, según nos cuentan, un grupo de policías nacionales que actúan bajo las órdenes del delegado del Gobierno en Madrid.

Una estrategia de acoso y escarmiento

¿Cuál es su modus operandi? Acuden a actos contra el Gobierno de Pedro Sánchez con una inusitada afición por pedir DNIs, por revisar quién es quién y por apuntar cada número y cada nombre completo. La consecuencia, para muchas de estas personas que acuden a una manifestación, es la llegada de multas de más de 1000 €. Es una manera de acosar, de evitar que uno se manifieste, de quitarse de la cabeza la idea de salir a la calle a protestar. Lo hemos visto en las concentraciones de Ferraz y, más recientemente, en un acto frente a las oficinas de la Comunidad Económica Europea en Madrid, en el Paseo de la Castellana.

En aquella concentración, contra la amnistía y los indultos, había más policías que manifestantes. Llevaban la bandera española al cuello y les pidieron el DNI a todos los presentes. Una de las señoras, que hablaba ante los pocos medios que allí estaban, expresaba su indignación: «ya no puedo estar en mi ciudad con la bandera de España y con un grupo de gente que hemos venido aquí a protestar por esto de la amnistía que me parece tremendo». Y advertía: «dice que me va a llegar una multa, una no sé una cosa a casa».

El surrealista caso de Juan y Margarita

Pero este acto fue más allá. Se ha puesto en contacto con el programa un matrimonio, Juan y Margarita, que paseaba por el lugar. No participaban en la manifestación, simplemente se quedaron mirando a ver qué ocurría. Les pidieron el DNI a los dos, y lo que ha sucedido después es, sencillamente, increíble y sorprendente. A Margarita, mi informante, la han acusado y condenado no solo por participar, sino por ser la organizadora del acto. Sí, han oído bien, la organizadora de un acto en el que ni siquiera participó, solo observaba.

Para entender lo absurdo de la situación, escuchamos el testimonio de Alejandra Loza, periodista y amiga mía, que trabaja para una de las organizaciones que convocaron esa protesta. Ella sí estuvo allí y testificó a favor de Margarita. Alejandra nos contó cómo acudieron al Paseo de la Castellana para expresar su indignación ante la amnistía, convocados por distintas entidades. «De repente vimos que había más policía que manifestantes», relata. La policía les dijo que no estaban autorizados y les pidió el DNI. En menos de un cuarto de hora, todos se fueron. «Pasado el tiempo, Margarita recibe una multa y además resulta que dicen que ella es la gran instigadora de todo», explica Alejandra. Ella, como testigo, acudió al juicio y aclaró que Margarita no pertenecía a ninguna organización. La respuesta que recibió fue que, quizás, «no era el rostro conocido, pero sí la teniente». Es decir, una fijación sin sentido. «No entiendo la fijación que tenían con ella», confiesa Alejandra.

Juan, el marido de Margarita, me confirmaba lo que Alejandra relataba. Su mujer es ingeniera de minas, empresaria autónoma, sin ninguna relación con la política ni con la organización de manifestaciones. Ni siquiera es activa en redes sociales ni pertenece a ninguna asociación. El día y la hora en que la policía decía que organizaba el acto, Margarita estaba dando un curso. La impresión que da, viendo el caso, es que han querido colgar el mochuelo a alguien y le ha tocado a su mujer.

Un atropello judicial y una pérdida de derechos brutal

¿Qué sanción ha recibido? Una multa de 100 €, más los gastos de procurador y abogado (aunque el abogado, un amigo, no les cobró). Para una autónoma, es un golpe económico, pero el golpe a la dignidad y a la confianza en la justicia es mucho mayor. «Es algo surrealista», me decía Juan. ¿Dónde está la justicia aquí? «Nosotros creíamos en la justicia española, pero al final es está clarísimo que hay, no digo todos los jueces ni toda la administración, pero hay una parte que miran para otro lado», afirma Juan. No habla de prevaricación, sino de jueces que «miran para otro lado» e incluso con «un poco de miedo», incapaces de enfrentarse a una situación tan surrealista.

El abogado de Estado tampoco hizo nada, la policía que denunció no se presentó a testificar, y la jueza «no dejó hablar ni a mi abogado ni a mí», cuenta Juan. Incluso le preguntó qué interés tenía la periodista de Televisión Española (Alejandra Loza) en ir allí, y a su mujer «le dijo que se callara, que no podía hablar, la tuvo todo el tiempo al final de la sala callada, no pudo defenderse para nada». La presunción de inocencia fue anulada ante el testimonio de la policía, sin siquiera considerar que la policía se puede equivocar, y a pesar de las pruebas aportadas, incluyendo vídeos y el testimonio de Alejandra.

Esto es gravísimo. A sus 63 años, Juan se lamenta: «¿Cómo voy a pensar yo a estas alturas que no existe la justicia en España?». Él y Margarita, que no tienen nada que ver con la política, ahora saldrán corriendo si ven una manifestación. «Porque no queremos que nos pase lo mismo otra vez», dice. Su mujer, cuyo padre fue militar y siempre tuvo respeto por las instituciones, no ha perdido ese respeto, pero ya no confía. «Si a este nivel que nosotros somos, perdone usted, somos una hormiga, imagínese a otros niveles, ¿qué puede estar pasando?», se pregunta Juan.

Esto, amigos, esto es propio de dictaduras. Esto es lo que pasa en Venezuela. Creíamos que aquí eso no ocurría, pero no es noticia, no aparece en la portada de los medios, sin embargo, es un atropello preparado y coordinado para que nadie proteste contra el gobierno, excepto que ellos lo permitan. Es una pérdida de derechos brutal. No tiene recurso. Es pagar, agachar la cabeza y punto. La frustración es inmensa: «Si a este nivel no nos podemos ni defender, ¿para qué estoy yo? ¿Para qué he trabajado tantos años?». Una pregunta que muchos ciudadanos se hacen hoy en España.

Otras noticias destacadas del programa de hoy

• Pedro Sánchez se va de vacaciones por cinco semanas, las más largas de un presidente, mientras España enfrenta emergencias nacionales por incendios y es acusado de mentir.
• Se acusa a Begoña Gómez de corrupción, revelando que siguió siendo accionista de Inmark mientras esta recibía 5 contratos de 4 ministerios por 000 €.
• Los incendios forestales, en su mayoría provocados, se atribuyen al abandono rural, burocracia, especulación y un posible «plan macabro» para liberar terrenos para energías renovables.
• El presupuesto para prevención de incendios se ha reducido drásticamente de 357 millones de euros en 2002 a 175 millones este año, y parte de este dinero se devuelve.
• España mantiene ocho helicópteros rusos Kamov, ideales para combatir incendios, parados debido a restricciones políticas con Rusia, mientras Portugal los utiliza.
• El programa denuncia un ‘mapa de terror’ de control y dependencia, mencionando la votación de urgencia para el ‘chat control’ de mensajes privados y la implantación del euro digital en 2029.

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