Éxito sin precedentes: el Tribunal Supremo paraliza el voto de más de medio millón de beneficiarios de la Ley de Nietos
Las mayores alegrías para quienes combatimos la deriva de este Gobierno no vienen de la oposición política, sino de la propia justicia y, sobre todo, de la iniciativa de la sociedad civil. En las últimas horas, hemos asistido a una victoria histórica que pone de manifiesto el poder del pueblo cuando decide movilizarse.
El Tribunal Supremo ha dictado una medida cautelar que paraliza la inclusión en el censo electoral de más de medio millón de personas que ya habían conseguido la nacionalidad española a través de la controvertida Ley de Nietos. Esta decisión, calificada por Gabriel Araujo como un «éxito sin precedentes», es un hito fundamental que podría desbaratar las pretensiones electorales del Gobierno de Sánchez.
Gabriel Araujo, doctor en economía, y Guillermo Rocafort, perito informático, son dos de las voces que, desde 2022, han estado alertando y trabajando incansablemente contra esta ley, cuando nadie más parecía prestarle atención. Junto a Luis María Pardo y la asociación Justit Europa, han logrado lo que muchos veían imposible: frenar un posible «pucherazo electoral».
La medida cautelar del Tribunal Supremo: ¿qué implica realmente?
Es crucial entender el alcance de la decisión del Supremo. Según Gabriel Araujo, lo que el auto no ha hecho es:
- Quitar la nacionalidad española a nadie.
- Anular expedientes de nacionalidad o cancelar inscripciones en el Registro Civil.
- Declarar que la nacionalidad se haya obtenido de manera fraudulenta.
La medida cautelar del Tribunal Supremo actúa exclusivamente sobre las consecuencias electorales. Esto significa que:
- Para quienes aún están en proceso de inscripción en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), el expediente censal se tramitará hasta que el consulado lo envíe a la Oficina del Censo Electoral del INE. En ese punto, la inscripción se paralizará, y no tendrá eficacia electoral mientras dure la suspensión cautelar.
- Para aquellos que ya están inscritos en el CERA, es decir, cuyo consulado ya envió la información al INE y este los inscribió, el Supremo suspende los efectos electorales de esa inscripción. Esto es, jurídicamente, extraordinario: serán españoles censados con derecho al voto CERA, pero no podrán ejercer ese derecho electoral.
Esta suspensión se mantendrá hasta que se dicte sentencia definitiva. Es evidente que, ante este panorama, Sánchez no convocará elecciones hasta que el fallo final vea la luz, ya que esta decisión afecta directamente a su «Frankenstein» electoral.
Existe una excepción importante: el Supremo sí permite conservar los derechos electorales a quienes acrediten ante el consulado que son descendientes de padre, madre o abuelo originariamente español y que su emigración fue fruto del exilio, el verdadero supuesto de la ley. Esto excluye expresamente los casos ampliados por la instrucción de Sofía Puente.
El papel de Sofía Puente: una instrucción ilegal bajo la lupa
El foco del Tribunal Supremo se ha puesto directamente en la instrucción emitida por Sofía Puente el 25 de octubre de 2022. Puente, entonces directora general del Registro y Notariado, está siendo investigada por presunta prevaricación por haber ampliado de manera ilegal la Ley de Nietos. Esta instrucción incluyó supuestos que el Parlamento había rechazado expresamente, extendiendo el exilio hasta 1955 y permitiendo la nacionalización de personas cuyos ancestros no se ajustaban a la definición original de exiliado político, incluso del siglo XIX.
Guillermo Rocafort, quien ha dedicado tiempo y dinero a denunciar estas irregularidades desde 2022, recuerda cómo Sofía Puente, con una actitud «chula», afirmó no tener ningún informe administrativo que respaldara su decisión y asumió toda la responsabilidad. Como fiscal de profesión, Puente debería saber que una norma inferior no puede contradecir una ley de rango superior. La Ley de Memoria Democrática de 2022 hablaba de persecución por discriminación de sexo o exilio provocado por la guerra, no de un «coladero» indiscriminado.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que ahora se muestran «en contra» de la situación y la califican de «barbaridad», se han «cubierto de mierda» por su inacción. Han sido patriotas anónimos, como Araujo y Rocafort, quienes han librado esta batalla, mientras las instituciones que deberían haber defendido la legalidad se mantuvieron en silencio, ganándose un desprestigio colectivo.
Esta situación de «españoles de pasaporte sin derechos políticos» es un precedente que, según Araujo, abrirá la puerta a una revisión de estas nacionalidades. Si la nacionalidad no es plena al no permitir el voto, su validez quedará «tocada de muerte». La justicia, una vez más, nos da la esperanza de que el pueblo puede salvar al pueblo.
Otras noticias destacadas del programa de hoy
- La Junta Electoral Central ha sido criticada por declararse incompetente en decisiones que le corresponden como órgano supervisor.
- Se ha denunciado el «escándalo» de 164 municipios con más votantes extranjeros (CERA) que locales, atribuido a la Ley de Nietos.
- Preocupante deterioro de la situación en Ceuta, calificada de «vertedero», con zonas ocupadas y aumento de la inseguridad.
- Mafias de droga se reconvierten al tráfico de migrantes, aprovechando la niebla en el mar de Ceuta.
- Alerta por una nueva convocatoria en redes sociales para un posible asalto a Ceuta el día 20.
- Malestar en el Ejército español y rumores de altos mandos ofreciendo su servicio al Rey ante la grave situación actual.
Quienes deseen ampliar la información y conocer el análisis completo pueden acceder al programa íntegro en nuestro canal de YouTube.
💬 Tu opinión cuenta: participa en los comentarios
