Unai Cano denuncia empadronamientos irregulares y tarjetas censales de personas ajenas a los domicilios

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Unai Cano denuncia que vecinos que habían detectado a desconocidos empadronados en sus viviendas están recibiendo ahora tarjetas censales a nombre de esas personas. He hablado con el periodista de La Gaceta sobre los casos que asegura haber investigado en Leganés, Gandía y Arganda del Rey, y sobre el temor que le provoca su posible repercusión electoral.

Al plantearle el asunto, he mencionado también la denuncia de una mujer cuyo abuelo, fallecido en 1996, seguiría apareciendo en el padrón. Es el caso de una persona muerta hace unos treinta años que introduje en la conversación como ejemplo de las anomalías que estamos abordando. La preocupación de Cano se centra, sobre todo, en otro paso: la llegada de correspondencia censal a domicilios donde, según los residentes que han contactado con él, los destinatarios nunca han vivido.

Su denuncia es la de unas presuntas irregularidades en el padrón y en los envíos censales; su interpretación electoral es una advertencia, no la constatación de votos fraudulentos. Esa diferencia permite entender qué está contando y qué teme que pueda ocurrir.

Del padrón municipal a las tarjetas censales

Cano me explica que comenzó a ocuparse de este asunto antes de la convocatoria electoral. Entonces, asegura, su investigación no estaba orientada hacia un posible «pucherazo», sino hacia los mecanismos utilizados para obtener empadronamientos que considera fraudulentos.

«Yo llevo tiempo ya alertando de esto», señala. Según su relato, le preocupaba que se estuvieran utilizando esos registros para acceder a prestaciones y servicios. Atribuye esas prácticas a mafias y acusa al Gobierno de connivencia. Son acusaciones del periodista, que sitúa ahí el origen de su trabajo sobre los padrones municipales.

El cambio en su preocupación llegó, sostiene, cuando las personas que le habían comunicado aquellas situaciones volvieron a escribirle. Esta vez no se trataba solo de nombres desconocidos en el padrón: hablaban de tarjetas censales recibidas en sus casas a nombre de personas ajenas a ellas.

Cano describe un ejemplo concreto del modo en que algunos vecinos habrían descubierto el problema: acudir a empadronar a un hijo y encontrar que en la vivienda figuraban personas que, según ellos, jamás habían residido allí. Después, añade, algunos de esos mismos vecinos comenzaron a recibir las tarjetas.

«Mucha de esta gente está recibiendo ahora en sus domicilios tarjetas censales a nombre de estas personas que están empadronadas irregularmente».

Ese es el punto en el que el periodista sitúa su alarma. No presenta su preocupación como algo surgido únicamente durante la campaña, sino como una evolución de las denuncias que afirma llevar tiempo recibiendo.

Las cifras que atribuye a sus investigaciones

Durante la entrevista he puesto sobre la mesa la cifra de 2.800 casos de empadronamientos irregulares. Cano la vincula a lo publicado por La Gaceta y sostiene que corresponde a los casos detectados por Policía Nacional y Guardia Civil. A su juicio, el alcance sería mayor.

«2.800 son los que se han venido conociendo», afirma. Para explicar por qué cree que existen más, menciona las peticiones de información que, según relata, está realizando Vox en distintos ayuntamientos.

Le he preguntado por Leganés, donde el partido habría solicitado datos sobre viviendas con numerosas personas empadronadas. Cano habla de domicilios con más de cinco inscritos y de algunos en los que se alcanzarían 28 personas en una sola vivienda. Él interpreta esos casos como indicios de irregularidad.

El periodista cita después Gandía, donde sitúa en 1.386 los casos «en la misma situación», sin concretar en su respuesta la unidad exacta de esa cifra. También menciona Arganda del Rey, donde asegura que tienen contabilizadas al menos 50 viviendas que presentan irregularidades.

No limita sus contactos a esos tres municipios. Dice recibir mensajes diarios de personas de otros lugares, entre ellos Roquetas de Mar y Linares, y considera que el problema está mucho más extendido. Esa valoración sobre su alcance nacional procede de los testimonios que afirma estar reuniendo.

La pregunta sobre quiénes recibirían esas tarjetas

Al escuchar su explicación, le he preguntado directamente si estaba diciendo que se estaba dejando votar a inmigrantes en situación irregular. Su respuesta introduce una precisión que importa conservar: «No se conoce si esas personas son inmigrantes ilegales».

Cano sostiene que se trataría de personas empadronadas irregularmente y expresa después sus sospechas sobre la situación administrativa de parte de ellas. Pero su propia contestación no identifica esa circunstancia en cada caso. Tampoco relata en este tramo una votación concreta realizada por alguno de los destinatarios de las tarjetas.

Lo que me traslada es su temor a que las anomalías que denuncia en los domicilios tengan consecuencias electorales. Por eso insiste en el momento en que empezó a recibir los nuevos avisos: para él, la correspondencia censal cambia la dimensión del asunto que venía investigando.

Me quedo con el núcleo concreto de su denuncia: residentes que aseguran encontrar desconocidos en sus padrones y recibir después tarjetas censales a nombre de esas personas. Cano reclama atención sobre esos casos y los sitúa en el centro de su preocupación por las garantías electorales. Son esos domicilios, esas cifras y esos testimonios los que ha traído a nuestra conversación.

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