Luis María Pardo pide al Supremo suspender el voto de 200.000 hijos de nacionalizados por la Ley de Nietos
Luis María Pardo anuncia un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo para solicitar la suspensión cautelarísima de los efectos electorales de unos 200.000 hijos de nacionalizados por la llamada Ley de Nietos. En nuestra conversación, sostiene que esas personas no deberían votar y advierte de que su participación podría alterar el reparto final de escaños. Es la tesis que Justitia Europa quiere que el tribunal reconsidere antes de las elecciones.
Le planteo la contradicción que centra su denuncia: si se han suspendido determinados efectos electorales de los padres mientras se examina su situación, ¿por qué no se aplica esa misma medida a los hijos? Pardo responde que esa diferencia carece de sentido y asegura que el Supremo ha aceptado su argumentación jurídica, aunque, según su interpretación del auto, ha dado prioridad al calendario electoral y al interés general de mantener la convocatoria.
«Si los abuelos o los bisabuelos o los padres tienen suspendidos los efectos electorales, con más razón los hijos», sostiene Luis María Pardo.
Un recurso para revisar la decisión
Pardo afirma que el recurso quedará presentado al terminar nuestra entrevista. Su petición es que el Supremo reconsidere la decisión y suspenda esos efectos electorales de manera cautelarísima. No anuncia una resolución favorable: solicita una nueva intervención judicial porque considera que todavía hay tiempo para actuar.
El núcleo de su razonamiento está en una instrucción que, según denuncia, habría permitido nacionalizaciones que la ley no contemplaba. A partir de esa premisa, sostiene que no deberían desplegarse los efectos electorales discutidos mientras no se identifique correctamente a los afectados.
Según su relato, el tribunal habría reconocido los problemas planteados, pero habría entendido que el calendario impedía apartar del censo a esas aproximadamente 200.000 personas. Pardo rechaza esa ponderación: para él, el interés general no consiste únicamente en celebrar las elecciones en la fecha prevista, sino en garantizar que participen quienes tengan derecho a hacerlo.
«El verdadero interés general es la legitimación democrática que sale de la voluntad de las urnas de todos los españoles que tienen el derecho al voto», me dice. Ese es el argumento que anuncia que trasladará a la Sala Tercera.
Pardo responsabiliza al Gobierno de los retrasos
El representante de Justitia Europa atribuye al Gobierno la responsabilidad de que no se haya aclarado a tiempo quiénes son los afectados. Pardo denuncia que se perdió un mes y medio en identificar a padres, abuelos y bisabuelos, una demora que, a su juicio, dificulta también determinar la situación de sus descendientes.
Su reproche no se dirige en este punto al Supremo. Insiste en que el problema nace de la actuación del Ejecutivo, tanto por la instrucción cuestionada como por la lentitud que le atribuye al facilitar la información necesaria.
Pardo sitúa el inicio de sus actuaciones en una denuncia presentada el 28 de junio ante la Junta Electoral Central. Asegura que cuatro votos particulares respaldaron entonces su planteamiento y reprocha a otros partidos que no actuaran antes. Recuerda que ya había advertido del escenario que podía abrirse si se convocaban elecciones sin resolver esta controversia.
Le pregunto si aún se puede parar. Su respuesta es afirmativa: considera que el Supremo dispone de capacidad para adoptar la suspensión que solicita y que la proximidad de las urnas no debe cerrar esa posibilidad.
La advertencia sobre el reparto de escaños
La cifra de 200.000 personas ocupa buena parte de nuestra conversación, pero Pardo insiste en que no harían falta millones de votos para modificar el resultado parlamentario. Su advertencia se refiere a la distribución provincial y a los márgenes que pueden decidir el último diputado.
Según explica, unas decenas de miles de votos, repartidas entre determinadas circunscripciones, podrían cambiar varios escaños. También señala que desconoce a qué provincias han sido adscritas las personas cuya inclusión electoral cuestiona.
Su hipótesis es que un resultado ajustado podría cambiar con unos pocos diputados adicionales. No ofrece una proyección cerrada ni un cálculo por provincias: plantea un riesgo electoral y rechaza la confianza de quienes dan por segura una mayoría amplia basándose en las encuestas.
Le traslado mi preocupación por las consecuencias de acudir a las urnas con esta controversia abierta. Pardo insiste en que el problema podría prolongarse después del recuento mediante impugnaciones y discusiones sobre la legitimidad del proceso.
El DNI digital y las medidas que propone
La entrevista aborda también el uso del DNI digital para identificarse al votar. Le pregunto por la preparación de los integrantes de las mesas para comprobar esa identificación. Pardo responde que Justitia Europa ha solicitado igualmente su suspensión y considera inadecuado introducir lo que describe como un experimento tecnológico en unas elecciones generales.
Su previsión es que podrían producirse numerosas incidencias. Defiende que una herramienta de ese tipo debería probarse antes en otras convocatorias. Se trata de una objeción distinta de la relativa a la Ley de Nietos, aunque él encuadra ambas en su preocupación por las garantías electorales.
Cuando le pregunto por posibles medidas generales sobre el voto exterior o por correo, rechaza formularlo como una prohibición indiscriminada: «No hay que prohibir nada, hay que suspender», responde. Reclama actuar sobre los efectos que considera irregulares y llega a pedir que el tribunal valore la suspensión de las elecciones si no puede resolverlos a tiempo.
Las sospechas de fraude que aparecen en nuestra conversación son acusaciones y escenarios planteados, no un fraude acreditado. La actuación concreta que anuncia Pardo es el recurso al Supremo. Su pregunta final resume el motivo de esa petición: qué ocurriría si, después de votar esas personas, una sentencia concluyera que nunca debieron haberlo hecho.
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