Pardo pide suspender el DNI digital para votar y alude a una posible investigación de Anticorrupción sobre contratos de Defensa

Albert Castillón entrevista a Luis María Pardo en el programa del 18 de noviembre de 2026
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Luis María Pardo, de Justitia Europa, afirma que ha pedido al Tribunal Supremo suspender la posibilidad de identificarse con el DNI digital para votar. En nuestra conversación sitúa el foco en el contrato de siete millones de euros que atribuye a Telefónica, en los controles de seguridad de los dispositivos y en una pregunta que deja abierta: si los teléfonos que se utilizarán como lectores serán de Huawei.

Le he preguntado por la marca de esos terminales y por las garantías de su funcionamiento. Mi desconfianza hacia este sistema es expresa: no pienso utilizarlo para identificarme cuando vaya a votar. Pardo, por su parte, asegura que ha trasladado sus objeciones a los tribunales mediante una solicitud de suspensión acompañada de un informe pericial.

Según explica Pardo, el Supremo ha abierto una pieza de medidas cautelares y ha requerido información al Ministerio del Interior. El contenido de ese requerimiento centra la cuestión: qué verificaciones se han realizado sobre los dispositivos y cómo se acredita la seguridad de cada uno de ellos.

El contrato de siete millones que cuestiona Pardo

Pardo sostiene que el Gobierno adjudicó a Telefónica un contrato de emergencia por siete millones de euros para distribuir los dispositivos electrónicos destinados a comprobar la identidad mediante la versión digital del DNI. Según su explicación, se trata de teléfonos preparados para leer un código QR.

El representante de Justitia Europa cuestiona tanto el procedimiento como el momento de la contratación. Afirma que se adjudicó cuando estaba suspendida la utilización electoral del DNI digital y sostiene que una situación electoral como esta no justifica recurrir a la contratación de emergencia.

También sitúa el alquiler de cada dispositivo en torno a los 113 euros, aunque introduce esa cifra como aproximada. Su objeción no se limita, por tanto, al importe global: alcanza a la vía elegida para contratar y a las condiciones en que los terminales llegarán a utilizarse.

Al preguntarle si hablamos de teléfonos móviles, Pardo confirma que esa es la clase de dispositivos a la que se refiere. A partir de ahí aparecen las preguntas sobre el fabricante, el almacenamiento de la información y su cifrado. Son las cuestiones que plantea para reclamar garantías antes de la jornada electoral.

Huawei: una sospecha sobre los lectores, no una marca confirmada

Pardo vincula a Huawei con el sistema del DNI digital, pero plantea como una posibilidad que los teléfonos lectores sean de esa marca. Es importante conservar el sentido exacto de su intervención: no identifica un terminal concreto como Huawei, sino que formula una advertencia sobre lo que cree que podríamos conocer el día de las elecciones.

«¿Descubriremos el 29 de noviembre que los teléfonos son de Huawei?», pregunta Luis María Pardo.

Esa es la sospecha que traslada durante la entrevista. Su razonamiento parte de la relación que atribuye a Huawei con el sistema y desemboca en una pregunta sobre los equipos contratados. La marca de los lectores queda, en sus palabras, como un interrogante.

Yo le he trasladado mi preocupación por la fiabilidad de su funcionamiento. También he recordado que no todos los que han intervenido en el programa comparten mi posición: Gabriel Araujo había expresado confianza en el sistema. Mi criterio sigue siendo desconfiar de esta modalidad de identificación; la iniciativa de Pardo consiste en llevar sus objeciones al terreno judicial.

Qué seguridad pide acreditar el requerimiento

Cuando pregunto qué le solicita el Supremo a Interior, Pardo hace una precisión: según su relato, no se trata de una consulta informal, sino de un requerimiento con un plazo de dos días.

Explica que se dirige, por conducto de la Abogacía del Estado, a la directora general de Política Interior, a quien identifica como competente en lo relativo a los lectores. La finalidad sería que certifique bajo su responsabilidad las comprobaciones efectuadas después de celebrarse el contrato de suministro en régimen de alquiler.

Durante nuestra conversación he leído el contenido del requerimiento: se solicita certificar si los dispositivos destinados a comprobar la identidad mediante la versión digital del DNI han pasado los controles exigidos por el artículo 22 del Real Decreto 311/2022, que regula el Esquema Nacional de Seguridad.

El alcance de esa petición resulta especialmente relevante. No se refiere únicamente a una garantía genérica sobre el sistema. Según el texto que he leído, si se han realizado esos controles debe adjuntarse la documentación técnica justificativa de la verificación y del control de seguridad por cada uno de los dispositivos.

Es ahí donde se concentra la actuación que describe Pardo: en obtener una respuesta concreta sobre los terminales que van a utilizarse para identificar a los electores.

La suspensión solicitada y las garantías reclamadas

Pardo presenta su iniciativa como parte de las vías jurídicas que ha impulsado para abrir un debate sobre la transparencia electoral. Sus sospechas sobre las intenciones del Gobierno son explícitas y le pertenecen; la medida que dice haber solicitado es igualmente concreta: suspender el uso del DNI digital como medio de identificación para votar.

No explica que esa suspensión ya haya sido concedida. Lo que comunica es la apertura de la pieza cautelar y el requerimiento de información a Interior. La distinción importa para entender en qué punto sitúa su actuación.

Por mi parte, he insistido en las garantías de los lectores. La contratación que cuestiona Pardo, la marca todavía planteada como interrogante y la acreditación de los controles de seguridad son los tres asuntos sobre los que hemos centrado la conversación. El requerimiento descrito reclama una respuesta técnica individualizada: qué se ha comprobado y cómo se justifica para cada terminal.

Otras noticias destacadas del programa de hoy.

  • Las denuncias sobre las bajas en el censo electoral exterior y su relación con la ley de nietos.
  • El anuncio de mi asistencia a la manifestación de Mujeres Caballas en Ceuta.
  • Los avisos a pasajeros por retrasos ferroviarios y las críticas a la gestión de Renfe y Adif.
  • John Echeverría denuncia agresiones contra una carpa del PP en Hernani.
  • Álvaro de Marichalar defiende una querella contra Marlaska por su actuación en Ceuta.

Quienes deseen ampliar la información y conocer el análisis completo pueden acceder al programa íntegro en nuestro canal de YouTube.

Contratos de Defensa con Indra y una posible investigación de Anticorrupción

Los contratos de Defensa con Indra por 6.000 millones de euros centraron mi conversación con Pardo, que aludió a una posible investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre esas adjudicaciones. Su intervención coincidió con la denuncia que había planteado sobre la concentración de encargos públicos, el papel de los hermanos Escribano y los relevos en la dirección de la compañía.

Pardo introdujo expresamente una cautela al referirse a la actuación de la Fiscalía: «Al parecer está investigando en las últimas horas». Habló primero de un contrato y precisó inmediatamente que se refería a varios contratos de Defensa por un importe conjunto de 6.000 millones de euros. «Vamos a ver lo que sucede ahí», añadió.

Ese es el alcance de su afirmación: una posible investigación sobre contratos de una enorme dimensión económica, no una resolución judicial que establezca responsabilidades. La cuestión que puse sobre la mesa es cómo se adjudica ese dinero y qué relación guardan las decisiones industriales con los cambios en los puestos de mando.

Los 6.000 millones y las adjudicaciones de Defensa

En mi intervención inicial sostuve que Anticorrupción había abierto una investigación relacionada con Margarita Robles y las adjudicaciones del Ministerio de Defensa. Situé el foco en los 6.000 millones que, según expuse, recibió Indra dentro de una dotación de 7.200 millones para mejorar la defensa nacional y atender las exigencias de la OTAN.

También vinculé esos encargos con una empresa participada por Javier y Ángel Escribano. Mi denuncia fue que no se trataría de una adjudicación aislada, sino de un patrón de concentración de contratos que se remontaría a 2020. Al describir esa supuesta investigación, mencioné posibles delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Lo que cuestioné fue, sobre todo, el procedimiento. Según expuse, se habría evitado el concurso público invocando la prioridad de la seguridad nacional. Mi crítica es directa: la importancia estratégica de un contrato no debería cerrar el debate sobre quién lo recibe y por qué se elige a ese adjudicatario frente a otras empresas españolas o extranjeras.

La seguridad nacional fue precisamente el argumento que señalé como justificación de esas adjudicaciones. No cuestioné la necesidad de mejorar la defensa, sino la forma en que se distribuyen los recursos destinados a hacerlo.

Anticipos y financiación pública

El segundo punto de mi denuncia fue la financiación. Atribuí al Ministerio de Industria la entrega anticipada de parte de esos fondos sin avales y sin intereses, antes del pago del resto de los contratos.

La combinación de adjudicación y anticipo merece atención. Una cosa es decidir qué compañía ejecuta un programa de defensa y otra, inseparable de la anterior, establecer en qué condiciones recibe el dinero público. Mi reproche se dirigió a ambas decisiones: la selección del contratista y las facilidades financieras que, según denuncié, acompañaban al encargo.

No planteé únicamente una discusión sobre cifras. Hablé del poder que supone decidir el destino de miles de millones y de la obligación de explicar esas decisiones cuando los beneficiarios se repiten.

Los relevos en Indra, bajo la crítica política

También cuestioné la salida de Ángel Escribano de la presidencia de Indra y su sustitución por Ángel Simón. Interpreté ese relevo como una decisión de carácter político y presenté a Simón como una persona próxima al PSC, a Salvador Illa y a Pedro Sánchez.

Esa fue mi valoración del nombramiento: una apuesta por la fidelidad política en un puesto de especial relevancia. Recordé además la salida de cuatro consejeros independientes en 2022, durante la etapa de Marc Murtra al frente de la compañía, que encuadré en la misma crítica a la influencia del Gobierno sobre su dirección.

Para mí, los contratos públicos y los nombramientos en Indra forman parte de una misma exigencia de rendición de cuentas. La dimensión estratégica de la empresa hace más importante explicar sus decisiones, no menos. Esa es la razón por la que abordé juntos el dinero destinado a Defensa y los cambios en la cúpula.

Pardo cerró su intervención dando a su crítica un alcance político más amplio. «La prioridad no es echar a Sánchez, sino que es votar contra el sistema», afirmó. Es su posición. En lo relativo a los contratos, mantuvo la expectativa sobre lo que pudiera suceder con la actuación de Anticorrupción a la que había aludido.

Me quedo con las preguntas concretas que motivaron la conversación: cómo se adjudicaron esos 6.000 millones, en qué condiciones se anticiparon los fondos y qué explica los relevos en Indra. Son las decisiones sobre las que centré mi denuncia y sobre las que Pardo reclamó atención al mencionar la posible investigación.

Otras noticias destacadas del programa de hoy.

  • Petición de suspender el uso del DNI digital para votar y cuestionamientos sobre su seguridad.
  • Denuncias sobre las bajas en el censo electoral de residentes en el extranjero y la aplicación de la ley de nietos.
  • Anuncio de mi asistencia a la manifestación de Mujeres Caballas en Ceuta.
  • John Echeverría denuncia agresiones contra una carpa del PP en Hernani.
  • Álvaro de Marichalar defiende una querella contra Marlaska por su actuación en Ceuta.

Quienes deseen ampliar la información y conocer el análisis completo pueden acceder al programa íntegro en nuestro canal de YouTube.

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