Alfredo Perdiguero defiende el gas pimienta ante las protestas y denuncia trabas políticas a la Policía

Alfredo Perdiguero defiende el uso del gas pimienta como alternativa a los golpes de defensa para dispersar a quienes bloquean accesos e impiden trabajar. En nuestra conversación, el subinspector de Policía, que ha formado a miembros de la UIP, cifró en 105 los detenidos en toda España durante la jornada de huelga y denunció que las críticas políticas a los agentes dificultan su trabajo. Su reclamación fue directa: que les permitan intervenir para proteger la libre circulación y el derecho al trabajo.

Hablé con él cuando, según me contó, cumplía 84 días hospitalizado. Le pregunté por el empleo de gas pimienta, por las críticas a las intervenciones y por el malestar dentro de la Policía. Perdiguero sostuvo que ese material había sido entregado como dotación pocos días antes, precisamente ante las peticiones de medios de los agentes destinados en la calle.

Su respuesta situó el debate en una distinción: informar sobre una huelga no es lo mismo que impedir a otros acudir a su puesto de trabajo.

Gas pimienta frente a los bloqueos

Perdiguero cuestionó el comportamiento de los piquetes que, según su denuncia, dejan de ser informativos para convertirse en instrumentos de coacción. Puso como ejemplos los accesos a los centros de trabajo y la salida de autobuses o camiones para prestar sus servicios.

«El piquete informativo es para informar, no para prohibir que la gente entre a los centros de trabajo».

Desde esa premisa defendió la intervención policial. Explicó que las órdenes reiteradas de apartarse pueden desembocar, si no se cumplen y concurren las circunstancias correspondientes, en actuaciones por desobediencia o resistencia. A su juicio, durante aquella jornada existieron situaciones en las que se podría haber actuado más.

Los 105 detenidos que citó Perdiguero corresponden a su balance de la jornada en el conjunto de España. El entrevistado añadió que la cifra podría haber sido mayor y rechazó que el uso del aerosol debiera interpretarse, por sí mismo, como violencia policial.

Su argumento fue operativo: sostuvo que se recurrió al gas pimienta para dispersar concentraciones en lugar de emplear la defensa. No lo presentó como un recurso ajeno a la dotación, sino como un medio que los agentes acababan de recibir para desarrollar su trabajo.

Mercamadrid y Callao: los ejemplos que puso Perdiguero

Cuando le pregunté por el hartazgo entre los policías y por las órdenes de sus responsables, Perdiguero introdujo un matiz importante. Aunque mantuvo sus críticas al Ministerio del Interior, afirmó que la delegada del Gobierno les había dejado actuar para evitar coacciones e intimidaciones.

Atribuyó a esa capacidad de intervención que en Mercamadrid no se produjeran incidentes. También mencionó la actuación al final de la manifestación en Callao, donde, según relató, se cargó, se disolvió la concentración y la situación no fue a más.

«Cuando nos dejan trabajar somos expertos en orden público».

Esa frase resume la posición que defendió durante la entrevista. Para Perdiguero, la experiencia de los agentes permite anticipar conflictos, intervenir y evitar que una concentración termine en daños o enfrentamientos. Contrapuso lo ocurrido en Madrid con los altercados que describió en Barcelona, donde denunció incendios y asaltos a comercios.

También citó la identificación de 500 personas en otra convocatoria que vinculó al movimiento antifascista. Según explicó, aquella actuación preventiva permitió que no hubiera incidentes. No se trataba del mismo balance de detenciones de la huelga, sino de otro ejemplo con el que quiso defender el trabajo de prevención.

Críticas a Marlaska y a las restricciones políticas

Perdiguero fue especialmente duro con Fernando Grande-Marlaska. Le reprochó que, en vez de respaldar a los agentes, anunciara investigaciones sobre su actuación y atendiera las acusaciones de violencia policial de dirigentes sindicales. El subinspector reclamó su dimisión o su cese, al considerar que había dejado de defender a quienes dependen de su ministerio.

Asimismo, denunció falta de interlocución con los representantes de policías y guardias civiles. Según su relato, Interior había ordenado desalojar a representantes sindicales y de asociaciones que se encontraban en el ministerio.

Su crítica no quedó limitada al titular de Interior. Perdiguero afirmó que determinadas decisiones de delegados del Gobierno habían dificultado dispositivos de seguridad. Recordó restricciones que atribuyó a un anterior delegado en Madrid, entre ellas no permitir a los agentes ponerse el casco o atravesar la acampada de Sol.

También censuró que se permitiera coincidir en una misma plaza a una concentración con Santiago Abascal y a grupos contrarios. Desde su experiencia, situar juntos a dos grupos enfrentados es una decisión que debe evitarse en orden público.

La preocupación por una escalada

Durante la conversación trasladé a Perdiguero una información que me habían comunicado: la intervención de los TEDAX ante dos paquetes sospechosos en la Comunidad de Madrid que finalmente no contenían explosivos. Le pregunté si veía detrás del clima de tensión una posible escalada hasta las elecciones. Lo planteé como una sospecha, no como la constatación de un plan organizado.

Perdiguero respondió que llevaba días advirtiendo sobre el ambiente en la calle. Invocó sus 40 años de experiencia policial y expresó su interpretación política de las protestas: dijo que nunca había visto una huelga general o una manifestación que considerase dirigida contra la oposición en esos términos.

Su advertencia sobre lo que podría venir fue una previsión. Su petición inmediata, en cambio, fue concreta: permitir que la Policía investigue, trabaje en prevención y actúe cuando sea necesario. Destacó el seguimiento que realizan los agentes de información en las redes para anticipar incidentes.

La discusión sobre los medios policiales no puede separarse de esa función preventiva. Esa fue la tesis que Perdiguero defendió ante mis preguntas: reconocer el derecho de huelga no debe servir, a su juicio, para tolerar coacciones contra quienes deciden trabajar o circular. Su conclusión volvió a señalar a Interior, al que atribuyó la responsabilidad política de las condiciones en las que intervienen los agentes.

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