José Luis Rancaño critica los traslados a la península y la campaña sanitaria: «La sanidad no es gratuita, es pública»

José Luis Rancaño cuestiona los traslados de inmigrantes desde Canarias a la península y atribuye una finalidad electoral a las políticas del Gobierno sobre inmigración y acceso a los servicios públicos. En nuestra conversación, su crítica se detuvo en una campaña sanitaria y en una distinción que quiso dejar muy clara: «La sanidad no es gratuita, es pública».
Abrí este asunto mostrando imágenes que presenté como llegadas al aeropuerto de Madrid desde El Hierro. Cifré las llegadas migratorias en 3.000 personas en las últimas 48 horas y hablé de 18 cayucos diarios. Mi reproche al Gobierno fue la contradicción que veo entre esa situación y la difusión de una campaña que interpreté como un estímulo para venir a España.
Rancaño respondió desde dos planos: su relato de lo que había visto personalmente en un aeropuerto canario y su valoración política de las decisiones del Ejecutivo. La descripción del programa presenta su posición con la frase «No hay ninguna diferencia entre España y un país comunista». En este intercambio, desarrolló su crítica alrededor del coste de la sanidad, la gestión migratoria y lo que considera una búsqueda de nuevos votantes dependientes del Estado.
El relato de Rancaño sobre los vuelos desde Canarias
Rancaño sostiene que los traslados desde las islas a la península se producen todos los días. Al explicarlo, no se limitó a mencionar las fotografías o los mensajes que, según dijo, recibe sobre estos movimientos. Relató una experiencia de su último viaje a Las Palmas.
Según contó, regresaba a la península en un avión de las ocho y pico de la mañana cuando vio pasar a un grupo que calculó en 200 o 300 personas hacia vuelos peninsulares. Esa cifra corresponde a su estimación de lo que observó, no a un recuento de pasajeros que detallara durante nuestra conversación.
También expresó su impresión sobre la procedencia de aquellas personas. Dijo que creía que eran mayoritariamente del norte de África y, en concreto, marroquíes. Lo planteó como una apreciación personal: «Yo creo que marroquíes».
A partir de ese relato, Rancaño rechazó que se tratara de una situación improvisada. «Esto es un plan organizado», afirmó. Esa fue su interpretación de los traslados y de la política gubernamental que estábamos comentando.
La campaña sanitaria que centra la crítica
El otro eje de la conversación fue un anuncio ambientado en un bar. En la escena, una doctora explica a varios personajes que quienes viven aquí tienen derecho a atención sanitaria, no únicamente a urgencias. El mensaje añade que la sanidad se necesita y se paga entre todos, y utiliza como ejemplo el IVA de un café.
«Si vives aquí tienes derecho a atención sanitaria, no solo urgencias, a toda la atención», dice el anuncio que comentamos. La escena termina con la joven acompañando al muchacho que se encuentra mal para recibir asistencia.
Mi crítica fue al mensaje político de esa campaña. Señalé que estaba orientada a población inmigrante, que se difundía en varios idiomas y que había costado 900.000 euros. Interpreté su planteamiento como un «efecto llamada»: una forma de anunciar al exterior el acceso a la sanidad española.
También mencioné un viaje de Fernando Grande-Marlaska a Senegal y una aportación de medio millón de euros que presenté como destinada a la vigilancia de sus costas. Mi objeción fue la eficacia de esa actuación ante las cifras de llegadas que acababa de exponer. Rancaño recogió esa crítica, pero centró su respuesta en la financiación y la sostenibilidad de los servicios públicos.
«La sanidad no es gratuita, es pública»
Para Rancaño, hablar de gratuidad oculta el esfuerzo que sostiene el sistema. «Nos cuesta una parte importante de sudor y lágrimas a la mayoría de los españoles que la costeamos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y con nuestros impuestos», sostuvo.
Su argumento no fue únicamente contable. Afirmó que en los últimos años los ciudadanos reciben una sanidad pública peor y atribuyó ese deterioro a políticas como las que estábamos debatiendo. Esa relación causal forma parte de su diagnóstico político.
Rancaño se preguntó qué situación económica permitiría a España asumir compromisos de esa naturaleza. «No sé cuándo nos hemos convertido nosotros en la ONG del mundo», manifestó, antes de reclamar una gestión que considere realista y práctica.
Quiso separar esa exigencia de un rechazo a la solidaridad. En sus palabras, cuestionar esas decisiones «no significa que no tengas compasión, que no seas solidario», sino reclamar un criterio sobre cómo organizar y gestionar un país. Su planteamiento fue que la disposición a ayudar no elimina la necesidad de valorar los recursos disponibles y las prioridades del gasto.
La finalidad electoral que atribuye al Gobierno
La acusación más política de Rancaño llegó al explicar qué propósito atribuye a esos mensajes. A su juicio, buscan «generar o crear […] nuevos votantes dependientes del Estado» que puedan apoyar a «opciones de la llamada izquierda».
Rancaño formuló así una interpretación de las intenciones del Gobierno, no el resultado de una comprobación electoral. Su denuncia enlaza los traslados, la comunicación sobre la sanidad y la dependencia de las prestaciones públicas dentro de una misma estrategia que él atribuye al Ejecutivo.
Mi discrepancia con la campaña se centró en el mensaje que transmite en un momento de llegadas migratorias que describí como extraordinario. La de Rancaño fue más allá: cuestionó el modelo de gestión y señaló una supuesta motivación electoral. El coste de la sanidad pública y las prioridades del Gobierno quedaron en el centro de su reproche.
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