LA HERMANA DE PEPE ÁLVAREZ Y CARGOS DE UGT ACAPARAN PISOS PROTEGIDOS

Manuel, presentado como exafiliado de UGT, denuncia que viviendas de protección oficial construidas en suelo cedido por el Ayuntamiento de Barcelona terminaron adjudicadas a altos cargos del sindicato, personal municipal relacionado con la vivienda y la hermana de Pepe Álvarez. He recogido su testimonio al cuestionar la decisión del gobierno municipal de volver a contar con los sindicatos para promover vivienda pública.
La denuncia nos lleva a un edificio de la Vila Olímpica de Barcelona, próximo al mar. Manuel sitúa los hechos en torno a 2008, cuando trabajaba en la zona del Poblenou. Su relato plantea una pregunta que considero esencial: ¿a quién acaba beneficiando el suelo público que se entrega para construir viviendas protegidas?
La denuncia de Manuel sobre las adjudicaciones
Presenté a Manuel como un antiguo afiliado que había intentado acceder a una vivienda de aquella promoción. Su intervención comenzó señalando la contradicción que, a su juicio, existe entre las protestas sindicales por el problema de la vivienda y lo sucedido con esos pisos.
«No entiendo cómo protestan los sindicatos contra el tema de la vivienda», manifestó Manuel antes de explicar las adjudicaciones que denuncia.
Según su testimonio, el Ayuntamiento de Barcelona cedió terrenos a UGT para levantar un edificio de protección oficial. Manuel recordó que el alcalde era entonces Jordi Hereu, aunque introdujo ese dato con un «creo». Al describir lo ocurrido después, sostuvo que entre los adjudicatarios figuraban miembros del Ayuntamiento vinculados a la oficina de adjudicación de vivienda, altos cargos de UGT y la hermana de Pepe Álvarez.
No habló de cualquier ubicación. Describió dúplex con terrazas a unos 200 metros de la playa, bien comunicados y situados en una zona tranquila, residencial y, según destacó, entre las más caras de Barcelona. Esa localización ocupa un lugar central en su denuncia: viviendas promovidas sobre suelo público en un entorno especialmente atractivo.
Los nombres que señalé en el programa
Tras escuchar a Manuel, expuse los nombres que vinculé a aquellas adjudicaciones. Entre ellos cité a Ramón Cebrián, identificado como secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, y a Enric Cremadas, a quien presenté como responsable municipal de programas de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.
El señalamiento de Cremadas afecta precisamente al ámbito de gestión de esos inmuebles: según expliqué, formaba parte del equipo municipal encargado de los programas de vivienda. Mi crítica se centró en que alguien relacionado con esa responsabilidad pudiera resultar también adjudicatario de uno de los pisos.
Identifiqué asimismo a María Elena Álvarez Suárez como hermana de Pepe Álvarez y afirmé que había accedido a una vivienda en ese edificio. Ese es también uno de los extremos que Manuel incluyó expresamente en su denuncia, aunque durante su intervención no dio el nombre completo.
Describí viviendas de entre 80 y 90 metros cuadrados, con terraza de 60 metros cuadrados, aparcamiento y trastero, y señalé que la mayor correspondía a la hermana del dirigente sindical. La cuestión que planteé no fue únicamente el tamaño de los inmuebles, sino el procedimiento por el que acabaron en manos de personas vinculadas al sindicato y al Ayuntamiento.
El criterio de adjudicación, en el centro de la polémica
Durante mi exposición cité una información publicada años después por El Periódico de Catalunya sobre esas adjudicaciones. Mi denuncia fue que los pisos se habían repartido sin sorteo, mediante una selección que califiqué de «a dedo».
También recogí la explicación que atribuí a UGT: que la coincidencia entre los beneficiarios era casual y que las adjudicaciones respondían a criterios de suerte o antigüedad. Ahí está el núcleo del desacuerdo. Frente a esa explicación, cuestioné que una promoción de vivienda protegida terminara beneficiando a responsables sindicales y municipales y a un familiar directo de un dirigente del sindicato.
Añadí que en 2023 aquellas viviendas se podían vender y sostuve que algunas se habían vendido a precio de mercado. Mi crítica fue que el acceso inicial a una vivienda protegida pudiera convertirse después en una oportunidad de obtener un beneficio con su venta.
Ese fue el contraste que quise subrayar con las movilizaciones de UGT contra la especulación inmobiliaria y los grandes tenedores: no considero coherente exigir responsabilidades por el encarecimiento de la vivienda sin responder también por la gestión de las promociones vinculadas al propio sindicato.
Por qué cuestiono nuevas cesiones de suelo
El testimonio de Manuel llegó después de que cuestionara la cesión de suelo municipal a UGT y Comisiones Obreras para construir vivienda en Barcelona, una decisión que atribuí al alcalde Jaume Collboni. Mi objeción es que la necesidad de aumentar la oferta de vivienda pública no puede sustituir el examen de quién la promueve y cómo se adjudica.
Recordé además el Plan Social de Vivienda, PSV, como antecedente de mi desconfianza hacia la gestión inmobiliaria de UGT. Lo hice desde mi experiencia como periodista en Barcelona y cité un agujero de 18.000 millones de pesetas y unas 20.000 familias afectadas que habían estado pagando por una casa.
Para mí, el debate no se resuelve anunciando nuevas promociones. La denuncia de Manuel obliga a poner el foco en los destinatarios, los criterios de selección y el destino posterior de los inmuebles. Ceder suelo público para vivienda protegida exige explicar a quién beneficia esa protección. Esa es la pregunta que mantengo ante una nueva operación municipal con participación sindical.
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