España financia trenes con tecnología de seguridad avanzada para Marruecos mientras seguimos lamentando 69 muertos en Urda

Hay algo que los españoles merecen saber y que denuncio en mi programa Castillón Confidencial.
España autorizó 754 millones de euros para financiar trenes destinados a Marruecos. Trenes que, según la documentación técnica publicada, deben incorporar el sistema europeo de seguridad ferroviaria ERTMS.
Y mientras tanto, en España, el tren que sufrió el terrible accidente de Urda no disponía de ese sistema operativo.
Lo dije en el programa, y quiero reproducir aquí literalmente mis palabras, sin cambiar una coma de su contenido:
«Los 754 millones que regaló a trenes en Marruecos hace un año, sí incorporaron el sistema europeo de seguridad viaria, el famoso ERTMS.
Es decir, los trenes que regalamos a Marruecos tienen sistemas de seguridad que no tuvo el tren de Urda y por eso murieron 69 personas y que hubiera evitado esas muertes porque hubiera frenado el lirio, ¿no?».
Transcripción literal del programa del 16 de noviembre de 2026, con los errores propios del reconocimiento automático de voz.
La investigación confirma una diferencia tecnológica que exige explicaciones
La financiación de 754,3 millones de euros existe. Fue autorizada para facilitar la adquisición de material ferroviario destinado a Marruecos mediante un crédito reembolsable en condiciones concesionales.
No estamos hablando, por tanto, de una simple transferencia a fondo perdido, aunque queda por conocer el coste financiero efectivo para España y las condiciones exactas de devolución.
La empresa española CAF obtuvo un contrato inicial de unos 600 millones de euros para suministrar 30 trenes, con opción de ampliar el pedido.
Según la investigación publicada por El Debate, los pliegos técnicos de esos trenes contemplan la incorporación de ETCS de nivel 2, una tecnología integrada en el sistema europeo ERTMS.
Y aquí aparece la contradicción que considero necesario investigar.
¿Cómo es posible que España financie la adquisición de trenes equipados con tecnología avanzada para otro país mientras una de nuestras líneas ferroviarias más importantes continúa utilizando un sistema anterior cuya sustitución estaba contratada desde 2021?
El sistema de seguridad que todavía no había llegado a Urda
El accidente de Urda, ocurrido el 28 de octubre de 2026, dejó 69 fallecidos.
La línea Madrid-Sevilla seguía utilizando el sistema LZB. Su sustitución por ERTMS estaba contratada desde 2021, pero el nuevo sistema todavía no estaba operativo en el tramo donde se produjo la tragedia.
Diversas investigaciones periodísticas han documentado retrasos en ese proyecto.
The Objective publicó el 16 de noviembre que determinados informes y cronogramas técnicos situaban la sustitución del sistema en el entorno de Urda durante 2024.
Sin embargo, dos años después, cuando se produjo el accidente, la actualización seguía pendiente.
La pregunta es inevitable: ¿qué ocurrió durante esos años?
¿Quién era responsable de supervisar los trabajos? ¿Qué retrasos se autorizaron? ¿Se evaluaron adecuadamente los riesgos de mantener el sistema anterior?
Y, especialmente, ¿qué medidas se adoptaron para garantizar la seguridad de los pasajeros?
¿Habría evitado el ERTMS la tragedia?
El sistema ERTMS permite supervisar automáticamente la circulación ferroviaria e intervenir cuando detecta determinadas situaciones de riesgo.
Eso no significa que pueda evitar cualquier accidente, pero sí que proporciona mecanismos avanzados de protección y control.
Para demostrar que habría evitado concretamente la colisión de Urda sería necesaria una reconstrucción técnica de las circunstancias del accidente.
No voy a presentar como demostrado algo que todavía necesita una investigación pericial.
Pero tampoco aceptaré que se despache la cuestión sin examinarla.
Si un sistema de seguridad más avanzado estaba contratado y su implantación acumulaba retrasos, los ciudadanos tienen derecho a saber por qué no funcionaba todavía y si su ausencia contribuyó al resultado.
Los 754 millones y las prioridades de inversión
Conviene aclarar una cuestión económica.
Los 754,3 millones destinados a la operación marroquí corresponden a financiación reembolsable, no a una subvención acreditada de ese importe.
Además, parte de esa financiación sirve para respaldar contratos de una empresa ferroviaria española.
Ahora bien, eso no resuelve todas las preguntas.
¿Qué interés pagará Marruecos? ¿En qué condiciones se devolverá el crédito? ¿Qué riesgo financiero asume España? ¿Qué beneficio económico neto obtendrá nuestro país?
Estas preguntas son especialmente relevantes cuando existen proyectos nacionales de seguridad ferroviaria que no se han completado en los plazos previstos.
No afirmo que el dinero destinado a Marruecos se haya retirado de la modernización de nuestras vías. Para sostenerlo harían falta pruebas presupuestarias que no tenemos.
Lo que sí podemos constatar es que ambos hechos coexistieron: España autorizó una importante operación financiera para adquirir trenes destinados a Marruecos mientras continuaba pendiente la implantación de un sistema de seguridad avanzado en una línea española.
Sesenta y nueve muertos merecen respuestas
No estamos hablando únicamente de contratos públicos, infraestructuras o tecnología.
Estamos hablando de 69 personas que perdieron la vida.
La investigación debe determinar si hubo fallos técnicos, errores humanos, decisiones operativas incorrectas o incumplimientos en la gestión de los sistemas de seguridad.
También debe aclarar qué responsabilidades corresponden a cada organismo y empresa.
Por eso considero imprescindible conocer los contratos, los informes de seguimiento, las comunicaciones entre los responsables del proyecto y las advertencias técnicas que pudieran haberse producido.
Los responsables de la gestión ferroviaria deben explicar qué sucedió y por qué el ERTMS no estaba todavía funcionando en el tramo afectado.
Porque hay una pregunta que sigue encima de la mesa:
¿Cómo podemos financiar trenes con sistemas europeos de seguridad avanzados para Marruecos mientras en España seguimos esperando la implantación de esa misma tecnología en infraestructuras esenciales?
No basta con responder que se trata de presupuestos diferentes o de una operación comercial.
Hay que explicar las decisiones, los plazos y las responsabilidades.
Y, sobre todo, hay que determinar si alguna de esas decisiones pudo influir en una tragedia que costó 69 vidas.
Eso es lo que debemos investigar. Y eso es lo que los españoles tienen derecho a conocer.






