Ayuso y Abascal ya hablan abiertamente de fraude electoral en España

Durante años, cualquiera que planteara dudas sobre la limpieza del sistema electoral español era automáticamente señalado como conspiranoico, radical o antisistema. Hoy, sin embargo, algo está cambiando.

Lo que hasta hace poco se comentaba únicamente en medios alternativos o en determinados círculos civiles ha llegado ya al discurso público de dos de los principales líderes políticos de la oposición: Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal.

Y no hablamos de insinuaciones ambiguas.

Hablamos de acusaciones directas sobre un posible fraude electoral, sobre la alteración del censo mediante regularizaciones masivas y sobre la necesidad de controlar físicamente todas las mesas electorales en España.

Durante el programa se recuperaron unas declaraciones recientes de Ayuso donde cuestiona abiertamente el impacto electoral de las nacionalizaciones impulsadas por el Gobierno.

“¿Cómo no sospechar de las prisas de Pedro Sánchez por regularizar y nacionalizar masivamente?”, planteó la presidenta madrileña.

Ayuso alertó especialmente del efecto que podrían tener millones de nuevas nacionalizaciones procedentes de Hispanoamérica sobre futuros procesos electorales, especialmente teniendo en cuenta que muchos de esos nuevos ciudadanos españoles podrán participar en elecciones municipales, autonómicas y generales.

Pero quien fue todavía más lejos fue Santiago Abascal.

El líder de Vox aseguró públicamente que Pedro Sánchez intentará “robar” las próximas elecciones generales previstas para 2027 utilizando —según afirmó— “todas las estructuras del Estado”.

La frase marca un punto de inflexión político evidente.

Porque por primera vez uno de los principales partidos nacionales habla sin rodeos de manipulación electoral desde el propio Gobierno.

Durante el debate emitido en el programa, se recordó además que las sospechas sobre irregularidades electorales no son nuevas.

Se mencionaron cuestiones como:

• la ausencia de comprobación física de determinadas actas electorales
• posibles discrepancias entre actas y recuentos digitales
• la compra de votos detectada en distintos municipios españoles
• el impacto político de las regularizaciones masivas
• y la necesidad de controlar todas las mesas electorales mediante interventores independientes

En este contexto, el empresario y activista Carlos Marcos defendió la creación de una especie de “mesa democrática” entre Partido Popular y Vox para garantizar vigilancia total sobre el proceso electoral.

La propuesta consiste en cubrir el 100% de las mesas electorales con interventores y recopilar fotografías de todas las actas oficiales para contrastarlas posteriormente con el recuento final.

“Si tenemos el 100% de las actas, la posibilidad de hacer trampas se complica muchísimo”, afirmó.

En el programa también se aseguró que el equipo de Ayuso ya estaría movilizando voluntarios con ese objetivo en futuras elecciones.

Todo esto ocurre en un momento de enorme polarización política y de creciente desconfianza institucional.

Y aquí aparece el verdadero problema.

Cuando líderes políticos empiezan a hablar abiertamente de fraude electoral, el daño sobre la credibilidad democrática ya está hecho, independientemente de que las acusaciones lleguen o no a demostrarse.

Porque una democracia no solo necesita votos.

Necesita confianza.

Y esa confianza empieza a resquebrajarse cuando una parte creciente de la sociedad percibe que las reglas del juego pueden estar siendo manipuladas.

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