Canarias sale a la calle contra la llegada del barco con hantavirus

Hay momentos en los que un país demuestra si tiene gobierno… o simplemente improvisación, propaganda y caos.

Lo que está ocurriendo con el barco relacionado con el brote de hantavirus rumbo a Canarias ha provocado una reacción de indignación pocas veces vista en las islas. Y no es solo miedo al contagio. Es algo más profundo: la sensación de que Canarias vuelve a ser utilizada como territorio de sacrificio político.

Miles de canarios llevan horas preguntándose lo mismo:

¿Por qué Canarias?

¿Por qué siempre Canarias?

Porque nadie se imagina este mismo escenario en el puerto de Barcelona. Ni en Bilbao. Ni en Valencia. Pero en Canarias sí. En Canarias parece que todo vale.

Durante el programa hemos recibido decenas de mensajes de ciudadanos desesperados, especialmente desde Tenerife y el entorno del puerto de Granadilla. Familias enteras preocupadas por una situación que, según denuncian, ni siquiera está siendo explicada con claridad por el Gobierno.

Mientras varios países rechazaban permitir operaciones relacionadas con este barco —entre ellos Marruecos, Mauritania o Cabo Verde—, España aceptó la operación y fijó Canarias como punto clave del dispositivo.

Y aquí empiezan las contradicciones.

Primero nos dijeron que la cepa de hantavirus no era transmisible entre humanos. Después que sí podía serlo. Más tarde que el riesgo era muy bajo. Luego aparecieron posibles síntomas en personal relacionado con los traslados sanitarios.

Todo esto recuerda demasiado a 2020.

Demasiado.

Porque muchos españoles no han olvidado quién decía que las mascarillas no hacían falta. Ni quién aseguró que en España apenas habría algunos casos. Ni cómo terminó aquello.

Por eso las declaraciones tranquilizadoras de Fernando Simón han provocado todavía más inquietud entre una parte importante de la población.

Mientras tanto, en Canarias la tensión crece.

Vecinos de Granadilla denuncian falta de información, ausencia de protocolos claros y miedo absoluto a las consecuencias económicas y sanitarias. La preocupación no afecta únicamente al posible contagio. También al impacto turístico.

Porque esto sucede a las puertas de la temporada alta.

Y Canarias vive del turismo.

Muchos ciudadanos consideran incomprensible que, existiendo otras alternativas logísticas y sanitarias, se pretenda implicar a las islas en una operación de este nivel sin consenso institucional ni transparencia pública suficiente.

Durante el programa, Luis María Pardo, de Justitia Europa, explicó que se ha solicitado una medida cautelarísima ante la Audiencia Nacional para impedir el desembarco de pasajeros relacionados con el brote.

Su argumento es claro: el Reglamento Sanitario Internacional contempla la posibilidad de aislamiento del buque sin necesidad de dispersar a los pasajeros.

Y aquí aparece otra gran pregunta.

Si el barco podía mantenerse aislado, ¿por qué no hacerlo?

¿Por qué asumir riesgos innecesarios?

¿Por qué mover personas potencialmente expuestas en pleno contexto de incertidumbre sanitaria?

Las respuestas del Gobierno no están convenciendo a buena parte de la opinión pública.

Y mientras todo esto ocurre, en Canarias ya empiezan a organizarse movilizaciones ciudadanas.

La sensación de abandono vuelve a emerger.

Muchos recuerdan todavía la gestión del volcán de La Palma, las ayudas prometidas que nunca llegaron y las familias que siguen viviendo en condiciones precarias años después.

Otros denuncian que Canarias solo recibe atención cuando conviene políticamente.

Y en medio de todo esto aparece otro elemento inquietante: la percepción creciente de que el miedo vuelve a utilizarse como herramienta política.

Porque cuando una población recibe mensajes contradictorios, cambia protocolos cada pocas horas y observa improvisación constante, lo que aparece no es tranquilidad.

Es desconfianza.

Y esa desconfianza ya se está extendiendo por toda España.

La pregunta ahora no es únicamente qué ocurrirá con el barco.

La verdadera pregunta es cuánto daño institucional puede soportar todavía este país antes de que la ciudadanía deje definitivamente de creer en quienes toman las decisiones.

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