El 35 % de los motoristas muere por la señalización y el 18 % por los guardarraíles
Hoy he querido detenerme en un dato que mata. Literalmente. Y no es una metáfora. En España, el 35 % de los motoristas fallece por culpa de la señalización vertical de las carreteras y el 18 % por los guardarraíles. No lo dice una asociación cualquiera. Son datos oficiales de la propia Administración, de la Dirección General de Tráfico.
Lo ha explicado en este programa Juan Manuel Reyes, presidente de la Asociación Nacional de Motoristas, y lo ha hecho con cifras, estudios y años de experiencia jurídica a sus espaldas. Aquí no hablamos de accidentes inevitables. Hablamos de muertes evitables.
Los carteles de velocidad, de curvas peligrosas, sin ningún tipo de protección, se han convertido en auténticas cuchillas. Matan más que los guardarraíles. Y lo más grave: con una inversión relativamente sencilla se podrían evitar cientos de muertes al año.
España tiene 166.000 kilómetros de carreteras. ¿Saben cuántos están protegidos con sistemas específicos para motoristas? Apenas un 3 %. Entre 5.000 y 6.000 kilómetros, según los cálculos de la propia asociación. Mientras tanto, Portugal ha protegido cerca del 80 % de su red viaria, con una ley que obliga desde 2010 a instalar sistemas de protección en todos los guardarraíles.
Aquí no es falta de tecnología. Las empresas españolas son líderes mundiales en sistemas de protección para motoristas. Aquí lo que falta es voluntad política.
Y hay algo todavía más inquietante. Cuando un motorista muere por el impacto contra un guardarraíl o por una señalización mal instalada, eso casi nunca aparece reflejado en el atestado policial. No porque los agentes no quieran, sino porque no reciben formación técnica sobre infraestructuras viarias. El resultado es demoledor: el factor carretera no se investiga en la práctica totalidad de los siniestros.
Así se camufla el problema. Así se evita señalar al responsable real. Así se perpetúa la negligencia.
Cada fallecido en carretera le cuesta a la sociedad unos 2 millones de euros. Cada herido grave, 350.000 euros. Pero incluso desde el cálculo más frío, invertir en seguridad saldría rentable. Económica y humanamente. Sin embargo, la inversión pública se va a lo superfluo, no a lo esencial.
Lo dije y lo repito: cada negligencia mata. En trenes. En carreteras. En presas. La falta de mantenimiento y de inversión es una forma silenciosa de homicidio institucional.
Y mientras tanto, seguimos llamando “accidentes” a lo que en realidad son siniestros evitables.
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