Miguel Ángel Pérez: “El juez que investiga Pegasus no recibe ayuda ni de España ni de Francia”

El caso Pegasus es, probablemente, el mayor escándalo de espionaje político de la historia reciente de España.
Afecta al propio presidente del Gobierno, pero también a líderes de la oposición, periodistas y miembros del Estado Mayor de la Defensa.
Y, sin embargo, nadie parece querer llegar al fondo del asunto.

Hoy me acompañó Miguel Ángel Pérez, periodista judicial de referencia, para desentrañar la verdad que los medios oficiales ocultan.

Un juez abandonado

Miguel Ángel lo resumió con claridad:

“El juez que investiga el caso Pegasus no recibe ayuda ni de España ni de Francia.
Ha pedido colaboración a ambos países para rastrear el origen del espionaje y no le contestan.”

El magistrado José Luis Calama lleva más de dos años intentando saber quién espió los teléfonos del presidente y de los ministros, pero el Gobierno ha bloqueado la investigación.
No le facilitan los móviles, ni los registros técnicos, ni los informes periciales que permitirían aclarar si el espionaje vino del extranjero o del propio Estado.

La gran paradoja

Según explicó Pérez, el Gobierno de Sánchez se presenta como víctima del espionaje, pero actúa como culpable.

“No colabora con el juez, oculta documentación y se niega a entregar los terminales originales.
Es un caso insólito: el Gobierno investiga su propio espionaje y no quiere que se sepa la verdad.”

Mientras tanto, la causa duerme en la Audiencia Nacional y los medios públicos han pasado página como si nada hubiera ocurrido.

Silencio en Europa

Otro dato escalofriante: Francia tampoco responde.
El juez Calama envió una comisión rogatoria al país vecino porque Pegasus se fabricó allí, pero la Fiscalía francesa no ha contestado en más de un año.

Pérez fue tajante:

“Esto demuestra que existe una red de intereses internacionales detrás del espionaje.
Nadie quiere que se conozca el origen porque salpica a los servicios de inteligencia aliados.”

El verdadero riesgo

Más allá de lo político, el periodista subrayó algo aún más grave:

“Pegasus puede acceder a todo: llamadas, fotos, cámara, micrófono, agenda, ubicaciones.
Si un software así está fuera de control, ningún ciudadano está a salvo.”

Y lo peor, añadió, es que España sigue comprando sistemas de ciberespionaje similares a través de contratos reservados del CNI.

“El Estado español no ha renunciado a Pegasus; solo ha cambiado de proveedor.”

Conclusión

Mientras el juez Calama lucha solo contra el muro del silencio institucional, el Gobierno usa la opacidad como escudo.
Lo que debía ser una investigación de Estado se ha convertido en una vergüenza internacional.

Y al final, como siempre, la verdad queda secuestrada por los mismos que deberían protegerla.

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