El jurado popular de Begoña Gómez: cuando la justicia se convierte en ruleta

Cada día confirmamos que el Estado de Derecho en España es de mantequilla: se dobla, se moldea y se derrite al calor del poder.
Y lo que está ocurriendo con el caso Begoña Gómez es la prueba más clara.
El juez Peinado ha hecho su trabajo, pero la ley —una ley escrita por los mismos a los que ahora puede afectar— ha colocado el proceso en manos de un jurado popular.
Y ahí empieza el peligro.
Porque cuando un sistema está infestado de clientelismo, de cargos a dedo y de estómagos agradecidos, ¿cómo confiar en que ese jurado no esté también condicionado?

El abogado Javier María Pérez Roldán, secretario de Hazte Oír, lo explicó con precisión:
“El jurado nace envenenado. En teoría debía servir para acercar la justicia al pueblo, pero aquí se usa para diluir responsabilidades.”
Según la ley, los delitos de malversación y tráfico de influencias deben pasar por jurado popular, y eso obliga al juez Peinado a acatar el procedimiento.
“Pero ese jurado lo elige el Instituto Nacional de Estadística, con preguntas intrusivas que podrían identificar simpatías políticas”, advierte Pérez Roldán.
En otras palabras: el sistema puede seleccionar jurados afectos al PSOE.

El psicólogo forense Julio Bronchal añadía un matiz inquietante:
“En los juicios con jurado influyen las emociones. Si el abogado logra explicar con claridad, hay esperanza de justicia. Pero el riesgo de manipulación es alto.”

Ambos coinciden en que el jurado es manipulable, pero también lo son muchos jueces, “porque el Consejo General del Poder Judicial lo controlan los mismos políticos que deberían temerle”.

Mientras tanto, Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, sigue sin presentarse ante el juez, pese a los requerimientos.
Y los ciudadanos lo perciben: si ella fuera una persona común, ya estaría esposada.

En España hemos llegado al punto en que la ley no protege a los ciudadanos, sino al poder.
El jurado popular de Begoña Gómez será presentado como un gesto de transparencia, pero en realidad es una pantalla de humo para disolver responsabilidades.
El problema no es la existencia del jurado.
El problema es quién lo elige, quién lo manipula y a quién teme.
La justicia no puede ser una tómbola donde el premio depende del color político del acusado.
Y menos cuando el acusado vive en Moncloa.

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