El Pegasus infectó el móvil de Sánchez el 18 de mayo de 2021 por error suyo al no hacer caso al CNI

Durante meses se intentó instalar una idea cómoda: que el espionaje con Pegasus al presidente del Gobierno fue un fallo del Centro Nacional de Inteligencia. Hoy esa versión ya no se sostiene. La infección del móvil de Pedro Sánchez fue consecuencia directa de desoír los protocolos del propio CNI. Y eso cambia todo.

Conviene decirlo claro, sin rodeos. El mayor espionaje sufrido por un presidente español en democracia no fue inevitable ni fruto de una superpotencia invisible. Fue, según la investigación periodística, un error humano, evitable y advertido.

Cuando un presidente del Gobierno ignora los protocolos de seguridad en una zona crítica, el problema no es solo técnico. Es político. Y es de responsabilidad directa.

Lo más grave no es solo que el teléfono fuera infectado. Lo más grave es lo que se hizo después: ocultarlo durante un año, utilizarlo políticamente y cargar la culpa sobre quien no la tenía.

Según la investigación publicada por Pelayo Barro, el 18 de mayo de 2021, durante un viaje oficial a Ceuta y Melilla, el teléfono móvil de Pedro Sánchez fue infectado con el software Pegasus por no seguir las instrucciones del CNI.

Ese día, en plena crisis diplomática con Marruecos, el presidente mantuvo su teléfono encendido y operativo en zonas extremadamente sensibles desde el punto de vista de inteligencia. Algo expresamente desaconsejado.

Los protocolos son claros:
– El móvil debe ir apagado.
– Debe guardarse en una bolsa Faraday, diseñada para bloquear cualquier señal entrante o saliente.

Nada de eso se cumplió.

Durante el sobrevuelo del perímetro fronterizo y en varias localizaciones críticas, el teléfono quedó expuesto a dispositivos IMSI Catcher, utilizados por los servicios de inteligencia marroquíes para simular antenas de telefonía y degradar la seguridad de la red GSM.

El resultado fue inmediato:
– Infección confirmada el 18 de mayo de 2021.
– Extracción masiva de datos el 19 de mayo.
– 2,6 GB de información sustraída del móvil del presidente.

El espionaje se prolongó durante meses. Y Sánchez lo supo casi desde el primer momento.

Sin embargo, el caso se mantuvo en secreto hasta un año después, cuando el Gobierno decidió hacerlo público en un contexto político muy concreto: la presión del independentismo por el uso de Pegasus en investigaciones judiciales.

La consecuencia fue fulminante: la destitución de la directora del CNI, pese a que, según la investigación, ni el CNI ni el Centro Criptológico Nacional cometieron error alguno. El fallo fue político y operativo, no técnico.

Conclusión

Este caso no va de tecnología israelí ni de espionaje exótico. Va de irresponsabilidad, de ocultación y de uso político de un error propio.

Cuando un presidente ignora los avisos de sus servicios de inteligencia, pone en riesgo su seguridad y la del Estado.
Cuando después oculta lo ocurrido y sacrifica a terceros, el problema ya no es de seguridad: es de ética institucional.

Y cuando todo eso se silencia durante un año, la pregunta deja de ser quién espió y pasa a ser por qué se protegió al responsable.

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