El perito de los audios de Cerdán fue condenado a ocho años… y Zapatero lo indultó

Despacho en penumbra con la silueta del perito y documentos sobre la mesa, simbolizando la sombra de la justicia en el caso Cerdán.
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¿Recuerdan aquel informe pericial que el PSOE aireó para defender a Santos Cerdán y Coldo? El documento que pretendía desmontar el trabajo de la UCO, asegurando que los audios estaban manipulados. Hoy sabemos algo decisivo sobre quién firmó ese informe y qué hay detrás de ese “experto”.

Ese perito, contratado por Cerdán, es decir, por el propio PSOE, fue condenado a ocho años de prisión por la Audiencia Nacional por falsificación de décimos de lotería y delitos relacionados con drogas. Ocho años de cárcel y una multa de un millón de euros. No estamos hablando de un error administrativo ni de una falta menor, sino de delitos graves en el ámbito del dinero y las sustancias ilegales.

Y, sin embargo, lejos de desaparecer de la vida pública, este hombre sigue perfectamente integrado en el sistema: continúa colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid y de Alicante, figura como profesor de la Facultad de Informática y Criminología de una universidad española y, para rematar, trabaja como consultor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Uno diría que la mejor forma de asesorar sobre el crimen organizado es haberlo practicado.

La clave está en un nombre: José Luis Rodríguez Zapatero. Fue su gobierno el que, mediante un indulto parcial, rebajó la condena de este perito condenado por falsificación de moneda. Es decir: primero la Audiencia Nacional le impone ocho años de prisión por un delito transnacional, y después Zapatero le abre la puerta de salida.

La pregunta es inevitable:
¿De verdad el PSOE no encontró a ningún otro perito independiente y sin antecedentes penales para contradecir el informe de la UCO?
¿Era imprescindible recurrir a un condenado por falsificación y drogas, previamente beneficiado por un indulto del propio PSOE?

El patrón encaja demasiado bien con algo que muchos ciudadanos empiezan a ver claro: una estructura mafiosa de favores cruzados. Hoy te indulto, mañana firmas el informe que necesito, pasado mañana te coloco en una institución o te doy proyección internacional. Y así, un condenado por delitos graves termina convertido en autoridad académica y consultor de Naciones Unidas, mientras su informe se utiliza para desacreditar a la UCO cuando toca proteger a los de siempre.

No es un caso aislado, es un método.
Cuando un cuerpo tan competente como la UCO aporta pruebas incómodas, aparece un “experto de parte” dispuesto a sembrar dudas: que si los audios son de mala calidad, que si el sistema operativo del teléfono explica lo que escuchamos, que si la manipulación no está clara. Da igual que el informe esté lleno de errores técnicos: lo importante es fabricar un relato alternativo que se pueda vender en los medios.

España se acostumbra peligrosamente a esto: delincuentes indultados convertidos en herramientas políticas, informes discutibles usados para lavar la imagen de cargos señalados, y un poder que se protege a sí mismo con una red de abogados, jueces, fiscales, peritos y asesores ideológicamente alineados.

Al final, el resumen es sencillo y demoledor:
el perito de los audios de Cerdán fue condenado a ocho años de prisión… y Zapatero le indultó.
Y ese es el hombre cuya palabra se ha utilizado para intentar neutralizar el trabajo de la UCO.

En cualquier democracia madura, esta sola frase bastaría para provocar una crisis política. Aquí, desgraciadamente, se ha convertido en rutina.

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