El sistema electoral español es un fraude estructural

Lo que voy a contar hoy no es una opinión, es la descripción de un procedimiento real que se está aplicando en España y que vulnera la esencia de cualquier democracia.

El pasado domingo, tras las elecciones en Aragón, se dieron por buenos unos resultados que no eran definitivos. Lo que se difundió esa noche fue una aproximación técnica, no el escrutinio general que marca la ley. Y, sin embargo, nadie explicó nada, nadie convocó a los ciudadanos, nadie contó los votos.

El escrutinio general, que debería consistir en volver a revisar todas las actas, no implica abrir sobres ni contar voto por voto. Lo reconocen magistrados electorales en conversaciones grabadas: se cuadra el resultado para que coincida con el provisional. Exactamente eso.

El sistema funciona así: se acepta lo que diga Indra, salvo que algún partido proteste por un acta concreta. Si no hay protesta, el resultado queda bendecido. Todo esto va contra la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

He hablado con Gabriel Araújo, perito informático que lleva años investigando este asunto. Sus conclusiones son demoledoras:
– Los sobres no se abren
– Las actas no se recuentan
– El resultado final no se verifica

En Navarra, por ejemplo, más del 90 % de los sobres estaban cerrados días después. Eso no es una anomalía puntual: es un procedimiento sistemático.

¿Quién tiene capacidad de modificar resultados? Indra y el Ministerio del Interior, a través de una aplicación electoral cuyo código fuente nunca ha sido auditado. España es el único país occidental donde esto ocurre. En Argentina, Colombia y muchos otros países, el código se entrega para auditoría. Aquí, es secreto.

Y ahora viene lo más grave.

El Ministerio del Interior prepara un borrador para clasificar la información electoral como información sensible, inaccesible durante hasta 15 años. Ni ciudadanos, ni Parlamento, ni comisiones. Nada.
Una nueva categoría llamada “información de uso oficial” que blinda el sistema frente a cualquier control democrático.

Esto significa que:
– Los contratos con Indra serán secretos
– Los pliegos técnicos no se podrán consultar
– No habrá trazabilidad ni fiscalización pública

Si antes había motivos para sospechar, ahora ya no hay dudas: España camina hacia el sistema electoral más opaco y atrasado del mundo.

Y todo esto ocurre cuando el partido del Gobierno está claramente a la baja. La combinación es explosiva: opacidad + poder + urgencia política.

Mi obligación es contarlo, denunciarlo y esperar a que alguien, desde la oposición, lleve esto a los tribunales. Porque lo que se está haciendo es ilegal. Y si no se frena, cualquier fraude futuro será indetectable.

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