España: el único país de Europa donde el okupa tiene más derechos que el propietario
Lo digo sin paños calientes: España es el único país de Europa donde te pueden ocupar la vivienda y tardas más de dos años en recuperarla.
Dos años.
Durante ese tiempo, el propietario —que ha trabajado, ha ahorrado y ha pagado esa casa— no puede hacer nada. El que vive gratis sí puede: quedarse, romper, cambiar la cerradura y hasta exigir derechos.
La mayor parte de estos casos no son películas de mafias entrando de madrugada.
No.
Son inquilinos que dejan de pagar el alquiler y siguen viviendo en la casa durante dos años sin abonar un euro. Mientras tanto, tú sigues pagando impuestos, suministros y abogados.
Salimos a la calle para preguntar por qué el Gobierno permite esto.
La respuesta fue casi siempre la misma: miedo a legislar contra el okupa.
Hay gente que pierde su casa porque alguien decide entrar y quedarse, y el Estado no actúa. Otra persona me dijo, con una mezcla de indignación y desesperación:
“El Gobierno debería proteger al propietario, no al que ocupa.”
Otros, influenciados por el discurso oficial, minimizan el problema: “No es tan grave, no afecta a tanta gente.”
Claro. Hasta que te pasa a ti.
Lo más obsceno es esto:
En España, hay propietarios que tienen que pagar al okupa para que se vaya.
Pagar al delincuente, al que te roba tu casa, para que te la devuelva.
En un país serio, eso sería un escándalo nacional. Aquí, lo llamamos “proceso legal”.
Y luego está la trampa emocional del relato político:
“Todo el mundo tiene derecho a una vivienda.”
Pero han prostituido ese mensaje hasta justificar que alguien tenga derecho a ocupar la tuya.
La propiedad privada está dejando de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Un tertuliano en plató lo resumió mejor de lo que yo podría hacerlo:
“Solo existen tres derechos: vida, propiedad y libertad. Todo lo demás se construye sobre esos tres.”
Cuando un país deja de proteger la propiedad, deja de proteger la libertad.
Y cuando la libertad desaparece, lo que queda no es un Estado social.
Lo que queda es un Estado fallido.
Aquí el okupa tiene derechos.
El propietario, obligaciones.
La pregunta no es “¿cómo hemos llegado hasta aquí?”, sino:
¿Cuánto más vamos a aguantarlo?
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