Fraude electoral en ciernes: La Ley de Nietos y el pucherazo de Sánchez
Es brutal lo que está sucediendo en nuestro país. Las tragaderas de la oposición, especialmente del Partido Popular, son incomprensibles ante el fraude electoral masivo que se nos viene encima. Llevo meses diciendo que la estrategia de ir al Congreso o al Senado a simplemente ‘ponerse verdes’ unos a otros no sirve de nada. Llevamos ocho años en esta dinámica y la situación solo empeora. Para mí, la oposición debería plantearse abandonar las instituciones, o al menos no participar en las votaciones, hasta que se consideren medidas fundamentales que garanticen la democracia. Estamos en un camino que, me atrevo a decir, nos acerca peligrosamente a la situación de Venezuela con Maduro.
La Ley de Nietos: una herramienta para el pucherazo
El epicentro de esta alarma es la Ley de Nietos. Bajo la apariencia de una ley de memoria democrática, se ha convertido en una vía para conceder doble nacionalidad a diestro y siniestro, sin exigir siquiera el requisito fundamental de residencia en España para poder votar. Esto, señores, es una invitación abierta a manipular sufragios de una manera descarada.
La ley es tan excesivamente amplia que permite obtener la nacionalidad española a descendientes lejanísimos. Hemos visto imágenes, como la de la embajada de Paraguay, donde se ironizaba sobre el alcance de esta norma: ‘Ley de nietos, biznietos y le faltó añadir abajo tataranietos’. Cualquiera, con un antecesor mínimamente remoto, parece poder conseguir el pasaporte español. Es sencillamente impresionante.
Contrastemos esto con la situación de miles de personas que llevan treinta años trabajando y cotizando en España, y a quienes se les niega la nacionalidad o el derecho a votar. Mientras tanto, se agiliza la nacionalización de otros, supuestamente porque al gobierno de turno le interesa manipular el voto y engrosar su censo electoral.
La propuesta de Vox y la inacción de otros
Ante esta deriva, Vox ha propuesto una medida que considero absolutamente fundamental: solicitar a la Junta Electoral Central que anule la votación de todos los nuevos nacionalizados bajo esta ley. Si estos nuevos ciudadanos no pueden votar, se acabó la Ley de Nietos como herramienta de pucherazo. Se acabó la posibilidad de que se use para alterar el resultado de unas elecciones. Es una idea excelente: ‘No, no, perfecto, el voto de los nacionalizados de la Ley de Nietos, congelado hasta que se aclare la basura que se ha hecho con esa ley’.
Sin embargo, la oposición, y me refiero especialmente al Partido Popular, no parece reaccionar con la contundencia necesaria. Se debate si es mejor abandonar las instituciones o mantener una ‘presencia institucional básica para defender los muebles’. Mi opinión es clara: defender lo básico ya no es suficiente cuando el Estado de Derecho está siendo sistemáticamente atacado. Hay que hacer acciones que de verdad sean contundentes de cara a España, a Europa y al mundo.
La magnitud del posible fraude
No estamos hablando de unos pocos votos. Se estima que se busca nacionalizar a cinco millones de personas para manipular el voto. Y no hace falta que todos voten al mismo partido. Entendamos la matemática electoral: 18.000 votos te dan un diputado en Ávila. El gobierno no necesita millones y medio o tres millones de votos directos; necesitan focalizar esos votos en circunscripciones clave. Depende de dónde se registren y dónde se les haga votar con su carné de identidad electrónico, se pueden obtener los resultados deseados. Lo tienen perfectamente preparado.
Este es un fraude tan evidente que todo el mundo lo está viendo y no veo que se esté parando a tiempo. Ahora se marcharán de vacaciones. En agosto no hay tribunales. Y en septiembre, si a este loco de Pedro Sánchez se le ocurre convocar elecciones, tendrá ya, entre unos y otros, los millones de votos necesarios para hacer la trampa. Una vez nacionalizados, ¿quién les va a quitar el pasaporte? El lío ya estará montado.
Hay que reconocer que lo han hecho bien, lo han venido preparando con sigilo y han sorprendido a una oposición que, o no se entera de nada, o tiene a sus asesores de vacaciones permanentes. Si no se para este fraude electoral, sea en otoño o en primavera, las consecuencias serán tremendas.
Me preocupa, y mucho, que el Partido Popular no esté del todo interesado en pararlo. Hacen sus cuentas, piensan que de todos estos nuevos votantes, a lo mejor un diez por ciento les vota y así rascan un diputado más. Tienen la experiencia gallega, esa ‘quinta provincia’ generada con delegados en Hispanoamérica, y creen que les seguirá funcionando. Pero la chorizada, el nivel de chorizada que está trabajando el Partido Socialista de Pedro Sánchez, es de una magnitud que va más allá de cualquier cálculo previo. No se puede entender la pasividad, a menos que, como digo, crean que no hay fraude o que pueden sacar tajada de él.
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