Informes manipulados y presiones en ADIF: la trastienda de la gestión ferroviaria

Cada vez hay más empresas operando en la alta velocidad mientras se reduce de forma drástica el presupuesto destinado al mantenimiento de infraestructuras. El resultado de esta deriva en la red ferroviaria se traduce en más de 100 muertos en apenas diez meses, evidenciando una reducción de la inversión que roza el 67%. Cuando se produce una tragedia en las vías, la respuesta institucional suele buscar chivos expiatorios en lugar de asumir responsabilidades políticas o estructurales, repitiendo esquemas ya vistos en el pasado con el accidente de Angrois.

La denuncia de la investigadora Isabel López

En este contexto, la investigadora de accidentes ferroviarios Isabel López ha destapado públicamente cómo funciona la trastienda técnica y política en los organismos públicos. Según su testimonio, los informes elaborados por los peritos independientes no siempre llegan intactos a los centros de decisión.

En muchas ocasiones los informes que elaboramos los técnicos llegan a las instancias superiores y se modifican. Por eso, desde aquí yo quiero hacer una petición para que se respete completamente el criterio técnico de los investigadores, denuncia Isabel López al señalar que esta es la única garantía para evitar que el trabajo pericial sirva a intereses particulares.

Las revelaciones sobre el funcionamiento interno no se quedan ahí. La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, ha apuntado en declaraciones recientes a la forma en que se manejaban determinados contratos y propuestas en los despachos ministeriales. Durante una comparecencia y reuniones previas en el ministerio, se abordaron iniciativas donde participaban cargos como el entonces presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y figuras como Koldo García, en encuentros donde se trataron proyectos de telecomunicaciones y la posible coordinación de trabajos por parte de empresas como Sortis.

Contratos cruzados y financiación exterior

Las explicaciones sobre aquellas reuniones reflejan la presión ejercida para desviar contratos hacia empresas determinadas al margen de los concursos públicos habituales. La negativa de los responsables técnicos a aceptar estas vías de contratación supuso choques directos en el seno de la administración, mientras firmas vinculadas cerraban acuerdos millonarios.

Mientras se multiplican las incidencias en el servicio ferroviario nacional y se cuestiona la seguridad de líneas clave como la de Madrid a Andalucía, los recursos públicos fluyen hacia proyectos fuera de nuestras fronteras. Desde la administración central se han destinado fondos millonarios para modernizar redes de trenes y metros en países extranjeros con motivo de eventos internacionales, como más de 750 millones para Marruecos, 228 millones para Egipto o 57 millones para Uzbekistán, sumando una cifra global que alcanza los 1.512 millones de euros en financiación exterior.

Ante esta situación, la exigencia de depurar responsabilidades políticas apunta directamente a los gestores públicos actuales, reclamando que la vía judicial y el banquillo de los acusados recaigan sobre quienes ostentan la máxima responsabilidad en la seguridad de los transportes.

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