Indra, Smartmatic y la sombra del fraude en varios países

Cada vez que mencionamos la palabra Indra, saltan las alarmas. Y no es para menos: allí donde esta empresa gestiona recuentos electorales, aparecen sospechas de fraude. Lo acabamos de ver en Angola, donde la calle ha estallado en protestas tras unas elecciones plagadas de denuncias. Y no es el único caso: Gran Bretaña, El Salvador, media Latinoamérica… siempre la misma sombra.

En España lo sabemos bien. Aquí hemos entrevistado a gerentes de la compañía, a familiares de altos cargos que ya conocían el resultado días antes de las elecciones, y a empleados que explican cómo se elige al personal “menos competente” para supervisar procesos clave. Todo pensado para que nadie pueda fiscalizar con rigor.

Y no olvidemos a Smartmatic, esa empresa que nació con Hugo Chávez y cuyo software fraudulento fue exportado a diferentes países bajo distintos nombres. Un mecanismo diseñado para inflar votos al candidato que interesa, que ya operó en Venezuela, en Estados Unidos contra Trump, en Colombia para favorecer a Petro y en Brasil para garantizar la victoria de Lula.

En Argentina, sin embargo, la fiscalización ciudadana frenó esa trampa. Mi ley lo entendió: pidió control total de las transmisiones de datos, sumó fiscales en cada mesa y exigió respaldo físico de todo el proceso. Gracias a esa vigilancia, la maquinaria del fraude no pudo actuar.

La gran pregunta es por qué aquí, en España, no se hace lo mismo. ¿Por qué los grandes partidos no exigen una custodia real de las actas y permiten que todo dependa de una empresa opaca? El fraude no es solo posible, es estructural. Y hasta que no haya transparencia total, seguiremos viviendo en una democracia de papel.

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