Julio Iglesias, OnlyFans y la cortina de humo perfecta
He evitado durante días hablar del caso de Julio Iglesias. No por falta de gravedad, sino porque todo en esta historia huele a cortina de humo. En un país asediado por la corrupción de Estado, ciertos escándalos aparecen siempre en el momento oportuno.
Dicho esto, cuando se habla de acusaciones de agresión sexual con penas de hasta 15 años de prisión, no se puede mirar hacia otro lado. El caso está en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y veremos hasta dónde llega.
Dos trabajadoras jóvenes de la casa de Julio Iglesias, una fisioterapeuta venezolana y una empleada de limpieza dominicana, han presentado denuncia. Hasta aquí, los hechos. Lo llamativo llega después.
Diversos periodistas han publicado mensajes posteriores a las supuestas agresiones, enviados por las propias denunciantes, con expresiones de afecto como “te quiero mucho” o “me gustaría felicitarte el año nuevo”. Mensajes enviados uno y dos años después de los hechos denunciados. Un dato, como mínimo, desconcertante.
Pero hay más. Una de las denunciantes, Rebeca, mantiene desde 2021 una cuenta activa en OnlyFans, donde publica fotografías eróticas, poses explícitas y mensajes de contenido sexual. Y aquí el dato clave: las fechas coinciden exactamente con el periodo en el que afirma haber sido víctima de agresiones sexuales, entre enero y octubre de 2021.
La información, revelada por Miguel Ángel Pérez, no prejuzga culpabilidades, pero rompe el relato construido por determinados medios, especialmente eldiario.es, que ha presentado a las denunciantes bajo un marco de miedo y sometimiento que no encaja con el contenido publicado por ellas mismas.
Hay otro elemento inquietante: la Fiscalía ha impedido a Julio Iglesias acceder a la investigación, mientras sí lo hacen las denunciantes, una plataforma feminista de intereses poco claros y un medio de comunicación concreto. Estamos ante una causa en la que el acusado no puede defenderse, algo que juristas y fiscales califican ya de escándalo.
Además, existen dudas jurídicas serias: las presuntas víctimas no son españolas, no son menores y los hechos no ocurrieron en España, lo que pone en cuestión la competencia de la Audiencia Nacional. A ello se suma que España y Bahamas no tienen tratado de extradición, por lo que el recorrido real del caso es, como mínimo, limitado.
Todo esto no exonera a nadie. La justicia debe investigar con rigor. Pero también debe hacerlo con garantías y sin manipulación. Porque cuando una acusación tan grave se gestiona como arma política o mediática, el daño alcanza a todos, incluidas las verdaderas víctimas de abusos reales.
La verdad no necesita propaganda. Necesita datos.
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