«Mis padres tienen dni español por ser saharauis y no les nacionalizan pero a un ilegal que acaba de llegar, si»

Lo que está ocurriendo con la regularización masiva en España tiene aristas que no se están contando. Y una de las más sangrantes la hemos escuchado de boca de Taleb Alisalem, periodista y activista saharaui.

Su denuncia es directa, sin matices:

“Mis padres tienen DNI español por ser saharauis y no les nacionalizan, pero a un ilegal que acaba de llegar, sí.”

Y esto no es una opinión. Es un hecho que, según relata, se repite.

Hablamos de personas que no han obtenido documentación por residencia, ni por procesos recientes. Hablamos de ciudadanos que nacieron en territorio español, que conservan su documentación, su historial, incluso registros sanitarios españoles. Personas que, en muchos casos, ya están en el registro civil de Madrid.

Y aun así, cuando llegan a España, se encuentran con una negativa.

No hay renovación. No hay reconocimiento. No hay solución.

Lo que hay es un limbo.

Un limbo legal en el que pueden pasar años sin respuesta. Un sistema donde ni siquiera el estatus de apátrida funciona con normalidad. Oficinas que desaparecen, trámites que no avanzan, silencio administrativo.

Mientras tanto, el contraste es evidente.

España acelera procesos de regularización para cientos de miles de personas que han entrado ilegalmente. Se habilitan recursos, se refuerzan oficinas, se agilizan trámites.

Pero quienes tienen un vínculo directo con España, histórico y documental, quedan fuera.

La pregunta es inevitable: ¿qué criterio se está aplicando?

Taleb va más allá. Apunta directamente a un factor político:

la relación con Marruecos.

Denuncia que el pueblo saharaui lleva décadas sufriendo persecución y que, lejos de protegerlos, España estaría actuando —según sus palabras— como cómplice indirecto, dificultando su regularización mientras facilita otras.

El resultado, según explica, es claro:
los saharauis quedan desprotegidos, invisibles y fuera del sistema, incluso teniendo documentación española.

Y añade un caso especialmente grave:
personas que solicitaron asilo político en España y que, según relata, fueron devueltas a Marruecos, acabando algunas de ellas en prisión.

Todo esto ocurre mientras el discurso oficial habla de derechos humanos, acogida y solidaridad.

Por eso la crítica es tan dura.

Porque no se trata solo de inmigración. Se trata de coherencia.

De cómo se trata a quien ya era parte de España frente a quien acaba de llegar.

Y, sobre todo, de si hay decisiones políticas que están priorizando unos perfiles frente a otros.

Lo que plantea Taleb no es un debate ideológico. Es una contradicción.

Y las contradicciones, cuando afectan a derechos básicos, dejan de ser política para convertirse en problema.

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