Prohibir fondos de inversión en el inmobiliario es un ‘atentado a la economía’ que perjudicará a los más vulnerables

La decisión de contener o de prohibir la intervención de fondos de inversión en el sector inmobiliario en España es, sin lugar a dudas, un atentado a la economía. Me resulta incomprensible cómo se pueden aprobar políticas que, en lugar de buscar soluciones pragmáticas, optan por medidas restrictivas que solo traerán consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad, y en particular, para los más desfavorecidos.

El Estado, el verdadero ‘fondo buitre’

Antes de ahondar en la prohibición a los fondos, es crucial recordar quién es el verdadero ‘fondo buitre’ en nuestro país. El Estado, con su política fiscal confiscatoria, se lleva una parte desproporcionada de la riqueza generada. Pongo el ejemplo de un amigo que acaba de comprar una vivienda y ha tenido que pagar casi 20.000 € en impuesto de transmisiones patrimoniales. A esto hay que añadir la plusvalía municipal correspondiente y la plusvalía en renta, por un bien de su propiedad que, no sé cuántas veces, ya ha sido gravado. Es el Estado quien, con esta voracidad fiscal, empobrece a los ciudadanos y desincentiva la inversión.

No tenemos a nadie decente en nuestra política que salga y le explique a nuestros compatriotas, que son gente inteligente y mayor de edad, la realidad de lo que está sucediendo. Se prefiere la narrativa fácil y populista antes que la verdad económica.

Un ataque a la inversión y al libre mercado

¿Alguien cree, de verdad, que prohibir la intervención del mercado va a arreglar algo? Es una pregunta retórica, por supuesto. La respuesta es un rotundo no. Es más, me atrevo a decir que estas políticas van a perjudicar el mercado del alquiler y especialmente a los más vulnerables o necesitados.

Imaginemos por un momento la situación inversa. ¿Qué pasaría si los fondos de inversión extranjeros presionaran a sus países para que tomaran medidas parecidas contra las empresas españolas? ¿Te imaginas que el gobierno norteamericano le dijera al grupo Inditex que no puede vender en Estados Unidos? ¿O que dijéramos a Iberdrola o Telefónica que no pueden comercializar sus productos en el extranjero? Suena estúpido, ¿verdad? Pues es exactamente lo que estamos haciendo con la inversión extranjera en nuestro propio sector inmobiliario.

El intervencionismo en el mercado de la vivienda, lejos de solucionar el problema, lo agrava. La historia económica nos ha demostrado una y otra vez que la intervención excesiva del Estado nunca ha funcionado en ningún país para mejorar la oferta de vivienda o para hacerla más accesible. Al contrario, suele generar escasez, ineficiencia y precios más altos a largo plazo.

Las consecuencias inevitables

Todas las políticas que se están aprobando, con la excusa de proteger a los inquilinos, tienen un efecto perverso: reducen la oferta de vivienda en alquiler, desincentivan a los propietarios a poner sus inmuebles en el mercado y, en última instancia, aumentan los precios para aquellos que buscan una vivienda. Cuando se ahuyenta la inversión, el capital busca otros destinos más seguros y rentables, y el mercado se contrae. Los grandes inversores tienen alternativas; los pequeños propietarios se ven asfixiados; y los más desprotegidos, que dependen del alquiler, son los que sufren las consecuencias más duras.

Es una pena que, en lugar de fomentar un entorno favorable para la inversión que genere más oferta y, por tanto, precios más competitivos, se opte por un camino que solo conduce al empobrecimiento y a una mayor dificultad para acceder a la vivienda. El tiempo, y me temo que no mucho, nos dará la razón.

Otras noticias destacadas del programa de hoy

• Un informe advierte de una amenaza yihadista contra militares españoles en Ceuta, con la infiltración de 12 terroristas.
• El CNI avisó de la inminente invasión de Ceuta el 29 de julio, pero el gobierno lo negó, lo que podría llevar a la imputación del delegado del gobierno.
• Información confidencial revela que Fernando Grande Marlasca dio la orden de abrir la verja en la frontera española de Ceuta, lo que podría llevar a su imputación ante el Tribunal Supremo.
• El gobierno ha lanzado dos decretos antidesahucio, uno proponiendo alquileres indefinidos, calificado de ‘barbaridad’, que prohíbe la inversión de fondos y empobrece.
• Se denuncia el trágico suicidio de Olga en Cataluña, una mujer con dos hijas a la que le fueron negadas ayudas por la Generalitat.
• Irán, expulsado en 2022 por violaciones de DDHH, ha sido restituido en el comité de la ONU para la protección de derechos de la mujer, votado por 54 países.

Quienes deseen ampliar la información y conocer el análisis completo pueden acceder al programa íntegro en nuestro canal de YouTube.

💬 Tu opinión cuenta: participa en los comentarios